El Gobierno, con Pedro Sánchez y su ministra de la Vivienda, Isabel Rodríguez, es el responsable del caos del mercado de la vivienda en España, que tras ocho años quiere enmendar con dos decretazos de nula eficacia y saltándose al Congreso de los Diputados que los rechazó, algo que equivale a un "fraude de ley", según los expertos.

Fedea: los fallos políticos agravan y no corrigen la crisis de la vivienda

Fedea ha publicado este miércoles un trabajo de Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) que concluye que los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda y que muchas de las últimas medidas pueden resultar electoralmente rentables pese a su coste social.

Según el autor, la principal dificultad es política, porque los ciudadanos reclaman viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar.

«Mientras los votantes premien las restricciones y sus costes permanezcan ocultos, concluye el trabajo, la vivienda seguirá siendo escasa y cara», indica en un comunicado.

Claves de Fedea para ampliar la oferta de vivienda

Para ampliar la oferta, el trabajo propone cinco líneas de reforma como facilitar la construcción. Entiende que hay ampliar los usos y densidades permitidos, evaluar el coste de las exigencias de calidad y revisar qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnización.

Asimismo, reclama reequilibrar la fiscalidad y reducir los gravámenes sobre la construcción y las transmisiones y compensar las rebajas con otros ingresos, incluidos los de la tenencia, o con menor gasto.

También pide restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual, respetar los contratos, facilitar su ejecución y recuperar la libertad para pactar rentas y duración, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño.

Además, aboga por separar la asistencia de la contratación privada, financiar las ayudas con recursos públicos explícitos, en vez de cargar la protección de la persona vulnerable sobre su arrendador o acreedor o favorecer la subsidiariedad normativa y la transparencia.

Escasez de suelo edificable

En la vivienda nueva, señala que la escasez de suelo edificable responde a decisiones políticas y que numerosos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin asumir íntegramente el coste de hacerlo, y urbanizar suelo exige de diez a quince años, según estimaciones que recoge la CNMC. Además, los tributos equivalen al 25,78 % del desembolso final de los compradores en un supuesto elaborado por el Consejo General de Economistas.

En la vivienda usada, gravar mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia penaliza la movilidad y favorece que muchos inmuebles permanezcan vacíos o infrautilizados.

En el alquiler, limitar las rentas, imponer prórrogas a los contratos y dificultar la recuperación de la vivienda protege al inquilino con contrato a costa de quien busca uno, porque induce a los propietarios a retirar oferta y a seleccionar inquilinos más solventes, añade. 

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