David Pujol, un estudiante de segundo curso de Matemáticas en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra Renfe, el Ministerio de Transportes y el Departamento de Territorio en el que pide una indemnización de 9.211,35 euros por daños derivados de las incidencias en Rodalies.
El joven de 19 años, vecino de Pineda de Mar (Barcelona), ha denunciado en declaraciones a EFE que el mal servicio ferroviario «le ha cambiado la vida», ya que le ha provocado un agravamiento de su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), perjuicios académicos y un desplazamiento forzoso de residencia.
En el escrito de reclamación del estudiante se documentan 55 incidencias graves de Renfe, como las supresiones de trenes sin previo aviso
El escrito de reclamación a Renfe presentado documenta 55 incidencias graves -como supresiones de trenes sin aviso previo y ausencia de información en tiempo real en los paneles de las estaciones- sufridas entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, durante su trayecto de más de dos horas hacia la universidad, mediante las líneas R1 y R7.
«Es una situación completamente evitable porque ellos son perfectamente conscientes de lo que pasa», reprocha Pujol.
La indemnización solicitada incluye 211,35 euros por el reembolso de los abonos de transporte, 4.500 euros por el empeoramiento del TOC, 2.500 euros por vulneración del derecho a la educación y 2.000 euros por el desplazamiento forzoso.
Además, reclama la gratuidad futura del título de transporte que utiliza -T-jove- hasta que el servicio «se normalice» y acredite una puntualidad superior al 95 %.
Uso del tren por «necesidad económica»
El estudiante ha afirmado utilizar el tren por necesidad económica, ya que no puede costearse el carné de conducir ni el mantenimiento de un vehículo, pero también por una cuestión de derechos: «Estamos en un Estado de bienestar, pero está muy claro que la gente pobre en Cataluña no puede tener los mismos derechos que la gente con dinero», ha reivindicado.
Aunque cree merecer «todos y cada uno de los euros reclamados», el objetivo principal de Pujol, que ha interpuesto la reclamación sin representación letrada tras presentar más de 46 quejas formales ante los operadores sin obtener respuesta satisfactoria, no son los daños económicos.
«A mí lo que me importa de la reclamación no es el dinero, sino que la Generalitat y el ministerio tengan que pagar y hacerse responsables», ha explicado el universitario, que dice no querer perder más horas de su vida.
Si la Administración no responde en el plazo de seis meses se considerará el silencio administrativo negativo, momento a partir del cual el joven dispondrá de dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa, opción que ha asegurado tener intención de ejercer de inmediato.
Una resolución favorable, ha recordado Pujol, podría sentar jurisprudencia para otros usuarios del servicio en situaciones similares.
