ICAL
La Junta de Castilla y León destinará 101,55 millones de euros al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) durante 2027, lo que representa un incremento del 14,52 por ciento respecto a 2024, con el objetivo de reforzar la investigación aplicada, la modernización tecnológica de las explotaciones, las infraestructuras de regadío y la promoción de los productos agroalimentarios de la Comunidad.
Así lo anunció el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su comparecencia para presentar el proyecto de Presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio, en la que defendió la necesidad de recuperar el papel del Instituto como instrumento de modernización del campo y de transferencia de conocimiento a agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias, informa Ical.
“El ITACyL tiene que ser uno de nuestros principales instrumentos para modernizar el sector, investigar sobre los problemas que preocupan a agricultores y ganaderos, trasladar nuevas tecnologías a las explotaciones, potenciar y ampliar nuestros regadíos y conseguir más valor para nuestras producciones agroalimentarias”, afirmó.
El consejero explicó que el incremento presupuestario permitirá reforzar especialmente tres áreas estratégicas del ITACyL: la investigación y tecnología, cuyo presupuesto crecerá un 54,51 por ciento; las infraestructuras de regadío, con una subida del 14,17 por ciento; y la promoción de la calidad alimentaria, que aumentará un 55,53 por ciento.
En concreto, el área de investigación y tecnología dispondrá de 17,73 millones de euros, un 54,51 por ciento más que en 2024. Dentro de esta cantidad, las actuaciones de investigación aplicada, digitalización y transferencia tecnológica alcanzarán los 11,5 millones de euros, prácticamente el doble que en el ejercicio de referencia.
Pino explicó que estas inversiones estarán orientadas a resolver problemas concretos de las explotaciones y facilitar la aplicación práctica de los avances científicos. “Vamos a orientar ese esfuerzo hacia necesidades concretas del sector”, aseguró.
En el ámbito ganadero, la investigación contará con 3,84 millones de euros, duplicando su presupuesto. Entre las principales líneas de trabajo figuran la tuberculosis bovina, las nuevas herramientas de inmunomodulación, la monitorización de fauna silvestre y la incorporación de tecnologías en explotaciones de ovino y caprino.
Además, la Junta reservará dos millones de euros para investigación e innovación en razas autóctonas y otras producciones ganaderas, incluido el toro bravo.
Las actuaciones contemplan proyectos de mejora genética y genómica, recuperación de razas, bancos de germoplasma y desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo extensivo.
Digitalización e inteligencia artificial
En agricultura, el ITACyL impulsará actuaciones relacionadas con la mejora varietal, los recursos fitogenéticos, la experimentación agraria, el riego y la biofertilización.
Para 2027 están previstas trece actuaciones de investigación vinculadas a la digitalización, con una inversión de 1,4 millones de euros, que permitirán incorporar herramientas de inteligencia artificial, sensores, drones, agricultura de precisión y sistemas de riego inteligente.
Pino anunció también que “vamos a evolucionar REDTEC hacia una red de fincas, granjas e industrias demostrativas, donde probar soluciones en condiciones reales y comprobar tanto su resultado técnico como su viabilidad económica”, explicó.
De igual forma, se reforzarán la Red de Ensayos Agrarios y el Observatorio de Plagas mediante nuevos sistemas de predicción, sensores e inteligencia artificial.
El consejero insistió en la necesidad de mejorar la colaboración entre los centros de formación agraria, las empresas y el ITACyL, para que los resultados de la investigación lleguen con mayor rapidez a las explotaciones.
“Queremos conectar mejor los centros de formación, las empresas y el ITACyL, para trasladar la investigación y las nuevas tecnologías a agricultores y ganaderos y comprobar su utilidad práctica”, afirmó.
Modernización de regadíos
El segundo gran ámbito de actuación del ITACyL será la modernización y transformación de regadíos, para lo que el Instituto contará con 62,58 millones de euros en 2027, un 14,17 por ciento más que en 2024.
Estas inversiones forman parte del compromiso de avanzar durante la legislatura en la modernización y transformación de 30.000 hectáreas de regadío en Castilla y León.
Pino defendió la importancia del agua como recurso productivo y recordó que actualmente alrededor del 15 por ciento de la superficie agraria de la Comunidad se encuentra en regadío, frente a una media nacional del 23 por ciento. “Para nosotros el agua es un recurso esencial para el futuro de la agricultura de Castilla y León y vamos a defender su utilización para producir alimentos”, aseguró.
En este sentido, señaló que el objetivo de la Consejería es aproximarse progresivamente a esa media, siempre que exista disponibilidad de agua y las actuaciones resulten técnica, económica y ambientalmente viables.
El consejero defendió la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con la utilización eficiente de los recursos hídricos y mostró su rechazo a “los planteamientos que conviertan cualquier nueva regulación o infraestructura hidráulica en un problema ambiental antes incluso de analizarla”, afirmó.
Pino defendió también ante la Confederación Hidrográfica del Duero la necesidad de que la planificación hidrológica tenga en cuenta las demandas actuales y futuras de la agricultura regional. “No renunciamos a una política ambiciosa de regadíos. El regadío aporta estabilidad a las explotaciones, permite diversificar cultivos, facilita inversiones y mejora la capacidad productiva”, subrayó.
Durante 2027, la Junta continuará ejecutando las grandes actuaciones de modernización ya iniciadas y avanzará, mediante nuevos convenios con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), en la modernización de otras 8.800 hectáreas.
Estas nuevas actuaciones supondrán una inversión global superior a 64 millones de euros y afectarán a zonas como Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta, Bajo Carrión y Canal del Esla.
El consejero anunció también el impulso de nuevas instalaciones fotovoltaicas para reducir los costes energéticos de las comunidades de regantes, así como actuaciones específicas en regadíos tradicionales de montaña.
Tierra de Sabor y productos de calidad
El tercer gran ámbito de actuación será la promoción de la calidad alimentaria, que contará con 8,8 millones de euros en 2027, un 55,53 por ciento más que en 2024.
La Consejería pretende reforzar las figuras de calidad diferenciada y continuar desarrollando la marca Tierra de Sabor como herramienta de promoción de los productos agroalimentarios de Castilla y León.
“Queremos reforzar las figuras de calidad diferenciada y seguir desarrollando Tierra de Sabor, apoyando también la presencia de nuestras empresas en ferias y mercados”, explicó Pino.
A esta cantidad se sumarán 1,41 millones de euros para impulsar y fortalecer las figuras de calidad diferenciada, una política que alcanza a más de 15.000 explotaciones agrarias y 1.200 industrias agroalimentarias de la Comunidad.
El consejero explicó que durante el próximo ejercicio se apoyará la puesta en marcha de las figuras de calidad recientemente creadas y se continuará trabajando en aquellas que se encuentran en diferentes fases de tramitación.
Entre las iniciativas destacadas figura la creación de la Marca de Calidad Patata de Castilla y León, un proyecto en el que la Consejería trabaja conjuntamente con el sector para proporcionar a esta producción una herramienta específica de diferenciación y reconocimiento comercial.
Asimismo, Tierra de Sabor continuará promocionando productos considerados estratégicos para la economía agroalimentaria regional, entre ellos el vino, los lácteos, la carne, las legumbres, la patata, la remolacha y la miel.
“Queremos volver también a sus orígenes y recuperar una función que nunca debió perder: hacer verdadera extensión agraria, estar cerca del campo y conseguir que el conocimiento y la tecnología lleguen de verdad a agricultores y ganaderos”, concluyó.
ICAL
Los grupos parlamentarios Socialista y Mixto cuestionaron hoy el proyecto de presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para 2027, al considerar que no responden a las necesidades reales del campo de Castilla y León, mientras que PP y Vox defendieron el incremento de las partidas destinadas al sector, que alcanzan los 739,72 millones de euros, y las inversiones previstas para modernizar las explotaciones, favorecer el relevo generacional y mejorar la rentabilidad agraria.
Así lo trasladaron los representantes de los cuatro grupos tras la comparecencia del consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, ante las Cortes, en la que el procurador socialista Mario Rivas aseguró que “estos presupuestos no son los que merece el campo de Castilla y León” y denunció que el incremento anunciado por la Junta no se corresponde con el aumento real de los recursos destinados a agricultores y ganaderos.
“La Junta intenta vender un incremento importante del presupuesto de la Consejería, pero hay que mirar si realmente detrás de esa cifra hay un aumento”, señaló Rivas, quien explicó que, aunque las cuentas crecen un 16,53 por ciento, al descontar las nuevas competencias medioambientales el incremento destinado estrictamente a agricultura y ganadería se reduce al 5,83 por ciento, por debajo del aumento acumulado del IPC desde enero de 2024, que cifró en el 9,7 por ciento.
Asimismo, criticó la pérdida de peso del sector en el conjunto de los presupuestos autonómicos, que situó en el 9,67 por ciento para 2027, frente al 14,85 por ciento de ejercicios anteriores. “Por mucho que la Junta hable de prioridad por el campo, por mucho que lo ratifique el consejero, los números dicen que cada vez ocupa menos espacio en los presupuestos”, afirmó.
En respuesta, el consejero rechazó los cálculos del PSOE y defendió que la comparación presupuestaria debe realizarse teniendo en cuenta las competencias incorporadas a su departamento desde Medio Ambiente. Según explicó, el presupuesto de 2024 debe ajustarse para establecer una comparación homogénea con los cerca de 740 millones previstos para 2027, por lo que cuestionó que el incremento real sea el señalado por los socialistas.
Entre las principales carencias, Rivas destacó la ausencia de una partida específica para afrontar la crisis del cereal, pese al compromiso anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y recordó que las organizaciones profesionales agrarias reclaman un fondo extraordinario de 150 millones de euros. También exigió aclarar los criterios de distribución de las ayudas, especialmente ante las dudas sobre la posible exclusión del maíz y las diferencias entre las explotaciones de secano y regadío, informa Ical.
Sobre esta cuestión, el consejero explicó que la Junta estudia las posibilidades de habilitar apoyos extraordinarios para los productores afectados, aunque advirtió de que “no quiere generar falsas expectativas” y de que las disponibilidades presupuestarias “son limitadas”. Asimismo, defendió que la solución a la crisis del cereal “no puede basarse únicamente en ayudas excepcionales, sino en actuaciones estructurales que permitan garantizar la rentabilidad de las explotaciones a largo plazo”.
También señaló que la Administración autonómica analiza qué sectores atraviesan mayores dificultades para orientar los recursos disponibles y recordó que determinados fondos europeos están vinculados específicamente al incremento de los costes de combustible, por lo que su utilización debe ajustarse a las condiciones establecidas en la normativa comunitaria.
Ganadería
En materia ganadera, Rivas alertó de la desaparición de más de un millar de explotaciones de vacuno de leche durante los últimos doce años y denunció los retrasos en las indemnizaciones por daños de grandes carnívoros, con cerca de seis millones de euros pendientes de pago y unos 1.180 expedientes sin tramitar, según las cifras que atribuyó al consejero. Asimismo, reclamó inversiones concretas y plazos de ejecución para regadíos, concentraciones parcelarias, caminos rurales y transformación agroalimentaria.
El titular de Agricultura reconoció la existencia de problemas administrativos en la tramitación de las indemnizaciones por daños del lobo y explicó que trabaja con la Consejería de Medio Ambiente para encontrar “una fórmula que permita desbloquear los expedientes pendientes”. Además, defendió la necesidad de controlar las poblaciones de esta especie para reducir los ataques al ganado y compatibilizar su conservación con la actividad ganadera.
“El campo no necesita más titulares ni compromisos que después no serán reflejados en el presupuesto. Necesita recursos suficientes, partidas concretas, pagos al día y una Junta de Castilla y León que cumpla con lo que promete”, concluyó Rivas.
Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, Alicia Gallego, coincidió en cuestionar la suficiencia de las cuentas y sostuvo que, de los 739 millones anunciados, unos 553 millones corresponderían a las partidas destinadas al sector agrícola y ganadero. Además, denunció la pérdida de peso de la agricultura en el presupuesto autonómico y recordó que el sector sostiene unos 100.000 empleos y representa alrededor del diez por ciento del PIB.
Gallego respaldó también la reclamación de un fondo extraordinario de 150 millones de euros para afrontar el encarecimiento de fertilizantes, semillas y carburantes, y criticó la falta de inversiones en modernización de regadíos y concentraciones parcelarias, especialmente en León, Zamora y Salamanca.
“Se reduce la inversión en modernización, se reduce en lo que sería necesario para que las explotaciones fueran rentables”, denunció la portavoz, quien puso como ejemplo los retrasos en el Páramo Bajo y las insuficientes dotaciones para el canal de San José, con 100.000 euros frente al millón y medio previsto anteriormente, y el canal de Esla, con 50.000 euros frente a unas necesidades que cifró en seis millones.
Asimismo, cuestionó la utilización de fondos de transición justa para actuaciones relacionadas con la caza y criticó las reformas incorporadas a la ley de medidas fiscales. También reclamó una mayor presencia de productos locales en los comedores escolares, apoyo a Tierra de Sabor, avances en el parque agroalimentario del Bierzo y un refuerzo de las plantillas administrativas para agilizar los expedientes y reducir la burocracia.
En respuesta a la petición sobre los comedores escolares, el consejero explicó que la Junta trabaja para incorporar criterios de proximidad y calidad en los procedimientos de contratación de productos destinados a estos servicios, de manera que la adjudicación” no dependa exclusivamente del precio”. Asimismo, destacó la colaboración con las cooperativas para favorecer la presencia de productos de Castilla y León.
Defensa del incremento presupuestario
Frente a estas críticas, el procurador de Vox Miguel Contreras realizó una valoración “muy positiva” de las cuentas, al destacar que el presupuesto propio de la Consejería alcanza los 739,72 millones de euros, con un incremento del 16,23 por ciento respecto a 2024, lo que supone prácticamente 105 millones adicionales. Además, recordó que, al incorporar los fondos de la Política Agraria Común (PAC), los recursos agrarios ascienden a 1.664 millones de euros.
“Pero más allá de las cifras, lo importante es dónde se invierte el dinero”, manifestó Contreras, quien destacó los 21 millones destinados a seguros agrarios, los doce millones para sanidad agraria y los cerca de 80 millones para incorporación de jóvenes y planes de mejora, con un incremento cercano al 37 por ciento.
También subrayó los 117 millones previstos para regadíos, concentraciones parcelarias e infraestructuras rurales, los más de doce millones para prevenir e indemnizar los daños provocados por el lobo y los ocho millones destinados a compensar determinadas exigencias comunitarias.
“Desde Vox defendemos una competencia justa, menos burocracia y unas políticas que permitan producir, no que dificulten hacerlo”, afirmó Contreras, quien contrapuso las medidas de la Junta con las políticas del Gobierno central y destacó las flexibilizaciones de la PAC y la simplificación administrativa. No obstante, advirtió de que su formación vigilará la ejecución de las cuentas porque “no queremos que el esfuerzo presupuestario se quede en papel, queremos que llegue a las explotaciones y se traduzca en resultados”.
Por su parte, la portavoz ‘popular’ en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Rosa Esteban, defendió el compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con el sector y destacó los 79,81 millones de euros destinados a jóvenes agricultores y modernización de explotaciones, un 36,8 por ciento más. “El futuro del campo depende de nuestros jóvenes”, señaló.
Esteban puso también en valor el incremento del 54,4 por ciento en seguros agrarios, hasta los 21 millones, y del 140 por ciento en sanidad agraria, hasta los doce millones, a los que se suman 25,39 millones para sanidad y bienestar animal y un fondo adicional de ocho millones para afrontar determinadas cargas normativas.
Asimismo, destacó los 101,55 millones de euros previstos para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), vinculados a la investigación, innovación y desarrollo del sector, así como los compromisos en ganadería extensiva, ovino, caprino, fiscalidad agraria, simplificación administrativa y relevo generacional.
“El compromiso en el campo se demuestra con recursos, con decisiones y con resultados”, sostuvo la portavoz popular, quien aseguró que su grupo vigilará la ejecución de las inversiones para garantizar que las ayudas lleguen a los profesionales y contribuyan a mantener una agricultura competitiva, una ganadería viable y una industria agroalimentaria capaz de generar riqueza y empleo en Castilla y León.
Finalmente, el consejero defendió la necesidad de ejecutar los recursos disponibles y agilizar su llegada a los profesionales del sector, tanto a través de las inversiones propias de la Junta como de los fondos de la PAC. En este sentido, destacó el trabajo de los empleados públicos en la tramitación de las ayudas y las medidas de simplificación administrativa, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones y reforzar la competitividad del campo de Castilla y León.
