ICAL
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, reivindicó hoy el papel fundamental de las instituciones de control externo como «garantía para la democracia». Durante su intervención en el Encuentro de Alto Nivel ‘Control Externo e Independencia’, organizado por el Tribunal de Cuentas en colaboración con la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Amilivia abogó por reforzar el blindaje jurídico de estos órganos para asegurar que su labor técnica sea ajena a cualquier interferencia política. «Deben ser equidistantes, con independencia funcional y autonomía presupuestaria”, remarcó en la intervención que protagonizó junto con el Sindic major de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Miquel Salazar, bajo el epígrafe ‘Las instituciones de control externo y la independencia: Retos actuales’.
En esta línea, el presidente del órgano fiscalizador de la Comunidad, incidió en que la independencia no es solo un concepto teórico, sino que debe sustentarse en tres pilares: independencia funcional, autonomía orgánica y suficiencia presupuestaria. Amilivia fue especialmente contundente al señalar que las entidades fiscalizadoras autonómicas deben ser «equidistantes» y contar con un rango jurídico estatutario que las proteja. «Nadie se debe entrometer en su labor técnica», afirmó, precisando que deben ser las propias instituciones las que decidan qué y cómo se fiscaliza. Precisamente, sobre esta cuestión, recordó que el Consejo de Cuentas de Castilla y León es actualmente la única entidad de su tipo que no aprueba su propio plan anual de fiscalizaciones, una competencia que aún reside en el Parlamento autonómico y que el Consejo aspira a recuperar mediante las reformas normativas ya planteadas, informa Ical.
Frente a las voces que cuestionan la existencia de estos organismos bajo el argumento del «gasto superfluo» o la duplicidad, Amilivia aportó datos de gestión: en los 20 años de existencia del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se ha pasado de 45 a 320 auditorías, lo que supone fiscalizar siete veces más que en las dos décadas anteriores a su creación. «Su ausencia implicaría, en todo caso, una merma de control», sentenció. Eso sí, señaló que el Tribunal de Cuentas debe colaborar con los órganos autonómicos, para que nadie pueda cuestionar la existencia de los regionales que «evidentemente» tienen su sentido de ser.
En este sentido, el presidente también hizo un llamamiento a mantener la identidad técnica de estas instituciones frente a las agendas políticas del momento. «Debemos distinguir claramente entre actuar con oportunidad o caer en el oportunismo, que es lo contrario a nuestra naturaleza», advirtió, instando a las entidades fiscalizadoras a no suplantar el papel de otras instituciones ni asumir debates que no les corresponden.
«Cuando cuestionan la teórica independencia de estos organismos, lo que cuestionan es el hecho de ser fiscalizados. Te cuestionan solo por fiscalizar. Somos incómodos», aseveró. Así, alertó sobre los retos del control externo y la independencia que la inevitable evolución de la auditoría pública, sensible a los cambios y prioridades de la sociedad, “no debe conducir a estas instituciones a perder el norte de lo que somos, porque nuestra independencia también reside en defender nuestra identidad”. «No hace falta estar en todos los sitios y hay que hablar con lo que hay que hablar, en nuestro caso con los informes», avisó acerca de la tendencia actual a que estas instituciones «sean utilizadas» para cuestiones que no corresponden.
Desde el punto de vista del modelo institucional, Amilivia defendió el modelo colegiado del Consejo como una expresión de «carácter democrático» que permite alcanzar una «verdad compartida» mediante el consenso técnico, una práctica que ha permitido que todos los informes del órgano de Castilla y León se aprueben históricamente de forma unánime. Además, consideró «inevitable» la incorporación de las innovaciones tecnológicas y la inteligencia artificial, una apuesta estratégica para modernizar la función fiscalizadora en un entorno cada vez más complejo y que obviamente incidirá en la independencia de estas instituciones.
Por su parte, el Sindic major de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Miquel Salazar, que citó a Santa Teresa de Jesús al inicio de su intervención, destacó la importancia de que estos órganos tengan «la capacidad» para auditar. «En ningún caso debemos auditar o fiscalizar la política», aseveró, recordando que el Parlamento es quien debe hacer eso, mientras que los Tribunales de Cuentas solo deben centrarse en «la acción» de la política. Al igual que Amilivia, reivindicó la autonomía de estas instituciones.
El encuentro fue inaugurado el lunes por la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, a la que Amilivia agradeció su trabajo «riguroso e independiente», y un representante de la organización internacional, y se ha desarrollado durante dos jornadas en la Fundación Ortega-Marañón, reuniendo a representantes institucionales, organismos internacionales, del ámbito académico y responsables del control público para reflexionar sobre el papel de la independencia en el ejercicio de la fiscalización de los recursos públicos.
