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El procurador del Común, Tomás Quintana, defendió hoy que estar en funciones no es una situación de ilegalidad, sino que cumple la norma de la institución, y aclaró a la oposición que realiza su trabajo con la misma dedicación y empeño que el primer día en el que accedió al cargo, aunque rechazó revelar si quiere seguir o no por respeto a la autonomía parlamentaria.
Al cerrar el debate, después de exponer en el hemiciclo de las Cortes el informe de la institución de 2024 en el que recoge 1.918 de los ciudadanos de la Comunidad, Quintana aclaró algunas dudas expresadas por los portavoces intervinientes y también alguna crítica, como la de Francisco Igea por no haber renunciado al cargo y estar dos años y medio en funciones.
Los portavoces de la oposición aludieron a la situación del Procurador ante la falta de acuerdo para renovar la institución y confiaron en que el próximo informe le pueda presentar ya reelegido, en caso de que sea propuesto y él acepte, ya que en todo momento elogiaron su trabajo, también lo hizo el popular Ricardo Gavilanes, pero no se refirió a la posible renovación.
“Mi situación no es ilegal. Estar en funciones no es una situación de ilegalidad”, señaló a los grupos de la Cámara, a los que expresó que realiza su trabajo con la misma dedicación y empeño que cuando accedió al cargo y respondió también a quien le pide que se posicione que no va a decir si quiere seguir o no por respeto a los grupos que son los que proponen y eligen.
A Francisco Igea, que afeó que siga en funciones y preguntó expresamente lo que hace en esa situación de “cesado”, le manifestó que cumple con sus funciones de acuerdo con la norma, ya que se permite seguir en funciones sin un plazo hasta que haya un acuerdo para renovar la institución.
“Seguiré trabajando con el mismo empeño que el primer día, con el mayor rigor y sometimiento pleno a las normas y lo haré siendo blando con las espigas y duro con las espuelas”, cerró su intervención con una cita del poeta Ignacio Sánchez Mejías.
Informe
En concreto, el alto comisionado recibió 1.918 quejas individuales, que dieron lugar a 2.129 resoluciones, cuyo mayor número se concentra en la Administración Local (organización, funcionamiento y servicios públicos), Fomento y Empleo Público. De este montante, un total de 1.087 se dirigen a las entidades locales y 635 a la administración autonómica.
Así, el Procurador dictó 1.693 resoluciones, de las que 198 se archivaron al no detectarse ninguna irregularidad jurídica y en las otras 1.495 se formularon recomendaciones, recordatorios, sugerencias o deberes legales con el 88,79 por ciento de aceptación a fecha de 28 de febrero de 2025.
En 2024 el Procurador del Común tramitó 144 actuaciones de oficio, 47 más que el año anterior, muchas de ellas dirigidas a los municipios, tanto de más de 20.000 habitantes como pequeños a través de las diputaciones provinciales, pero también a la administración autonómica.
Como ya es habitual, los grupos de la oposición ven en este informe una radiografía de la situación real de la Comunidad, mientras que el PP entiende que se avala la gestión de la Junta, que atiende en un amplio porcentaje las resoluciones del defensor autonómico.
Educación y Sanidad
En la presentación exhaustiva de su contenido, desgranó algunas peticiones en materia de educación, como que se refuerce la seguridad de los menores en el servicio de transporte escolar y se prime la contratación de vehículos con cinturones de seguridad de tres puntos, a poder ser regulables en altura.
Sin embargo, explicó que esta resolución fue aceptada parcialmente por la Consejería de Educación, ya que manifestó que la instalación de los elementos indicados en los vehículos no es obligatoria, y que exigirlo a los concesionarios de las rutas de transporte escolar podría impedir cubrirlas en su totalidad.
En Sanidad, emplazó a la Consejería a corregir las “apreciables diferencias” entre los centros hospitalarios de Castilla y León en los plazos de espera para la realización de técnicas diagnósticas, a raíz de los datos publicados en el Portal de Salud de la Junta al finalizar el año 2023, que reflejaron una disparidad en función del lugar de residencia.
A las consejerías de Educación y Familia recomendó que las familias monoparentales sean beneficiarias de las ayudas a los comedores escolares y que también se las aplique el mismo criterio que a las familias de numerosas de categoría especial en la concesión del Bono Concilia, aunque ambas fueron rechazadas.
Medio Ambiente
Otro apartado importante en el que se detuvo fue en Medio Ambiente con medidas dirigidas al suministro de agua potable para evitar la contaminación por nitratos (93 resoluciones) o que los municipios de más de 5.000 habitantes afronten el control interno de agua junto a la detección de numerosas fugas, lo que incide en la perdida de agua y su afectación en el abastecimiento.
Igualmente, recordó a todos los municipios la obligación de cumplir con la ley de economía circular para contar con un inventario de edificios que puedan contener amianto y proceder a la retirada progresiva. También, pidió a las entidades locales la limpieza de terrenos y solares para evitar la propagación de garrapatas, cuyas picaduras en algunos casos han sido mortales.
A los ayuntamientos se dirigió también Quintana para que revisen las rampas de elevación a los autobuses para personas con movilidad reducida y para que pueda existir billete gratis o al menos con una bonificación para el acompañante de una persona con discapacidad. En el primer caso no respondió Burgos y en el segundo Palencia, precisó.
El Procurador del Común se interesó por los silos agrarios -existen 54 en Castilla y León- y planteó la declaración como BIC de los que valgan la pena y la recuperación para un uso social u otro, como ha sucedido con el situado en Pancorbo (Burgos), el mayor de España, convertido en almacén de grano por una empresa.
