ICAL
La exclusión social afecta a 14.900 hogares y a 352.000 castellanosleoneses, 28.000 más que en 2018, por el empleo precario y, sobre todo, por la vivienda inaccesible. Supone casi el 15 por ciento de la ciudadanía aunque los datos más preocupantes son los 59.000 hogares y las 130.000 personas que sufren una exclusión severa -5,5 por ciento del total-, aunque en este caso son 16.000 menos que hace seis años.
El Informe sobre Inclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, elaborado por la Fundación Foessa de Cáritas, recoge que la exclusión social es sinónimo de pobreza, ya que el casi el 84 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se encuentra en riesgo des carencia económica. Frente a esta parte de la población, está el 55,2 por ciento de los ciudadanos de la Comunidad que disfruta de una integración plena; el 29,9 por ciento, en situación de integración precaria. Se completa con el 9,3 por ciento de la población que sufre una exclusión moderada. Por lo tanto, la exclusión social alcanza al 14,9 por ciento de los castellanos y leoneses, 1,4 puntos más que en 2018 aunque 3,2 menos en comparación con 2021. Es decir, la recuperación tras la crisis sociosanitaria de la COVID-19 no ha sido “suficiente” par revertir el retroceso provocado por la pandemia en los niveles de integración social.
Comparada con el conjunto de España, la situación de Castilla y León es “más positiva”. No en vano, tiene un mayor porcentaje de población integrada (85,1 por ciento frente al 80,7 por ciento en el país) y los niveles de exclusión social son más reducidos (14,9 frente al 19,3 por ciento). Además, la Comunidad cuenta con una mayor proporción de población en situación de integración plena y un nivel inferior de exclusión social severa (5,5 frente al 8,8 por ciento, hasta llegar a 4,2 millones de españoles). De ahí que la tasa de exclusión social en Castilla y León sea del 14,9 por ciento frente al 19,3 por ciento de la media nacional. Solo cinco comunidades tienen un mejor índice como País Vasco (11,8), Galicia (12,7), Navarra (13,1) y Cantabria (14,1 por ciento).
Una exclusión que, según recogió la Agencia Ical, no se limita a la falta de recursos económicos, el acceso a bienes básicos y el empleo sino que también incluye las dificultades y la pérdida de oportunidades que tienen ciertos grupos para ejercer derechos políticos (participación en la toma de decisiones) y sociales (salud, educación y vivienda), además de la participación en una red de relaciones sociales amplia (sin caer en el aislamiento social) y saludables (no conflictivas ni anómicas). El informe analiza, en total, 35 indicadores.
En concreto, la exclusión social en Castilla y León se relaciona, de manera fundamental, con la insuficiencia de recursos económicos y su impacto sobre la capacidad de la población para ejercer derechos sociales, como el acceso a una vivienda y a la salud. Los mayores niveles de integración social que se registran en la Comunidad responden a una evolución en términos globales algo más positiva que la que se ha producido en el conjunto del Estado durante los últimos seis años, si bien ambos territorios comparten una deriva similar.
De este modo, tanto en Castilla y León como en España en su conjunto, la crisis de la COVID-19 supuso un importante retroceso del espacio de la integración plena y un aumento de la integración precaria y de la exclusión social, especialmente en las situaciones de mayor severidad. El periodo de recuperación posterior, por su parte, no ha sido lo “suficientemente profundo” como para revertir estos efectos completamente y ambos territorios presentan en 2024 una situación global menos favorable a la registrada en 2018.
