ICAL
El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, presentó hoy en las Cortes el programa de actuaciones de su departamento para la XII Legislatura con un doble mensaje político e institucional: el nacimiento de una nueva Consejería concebida para integrar la atención sanitaria y los servicios sociales y la reivindicación de una reforma del modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las singularidades territoriales y demográficas de Castilla y León.
En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social, Vázquez defendió que el nuevo departamento «nace con una visión renovada y una misión clara», la de avanzar hacia «un modelo más integrado, más humano, más preventivo y cercano a las personas», capaz de ofrecer respuestas coordinadas a los desafíos de la enfermedad, la dependencia, la discapacidad, el envejecimiento o la vulnerabilidad social, siempre con la persona «en el centro de la acción política», como recoge Ical.
El consejero aseguró que la unión de ambas áreas supone una nueva forma de entender las políticas públicas, basada en la coordinación entre los sistemas sanitario y social para ofrecer una atención continuada a lo largo de todas las etapas de la vida. En ese sentido, defendió una sanidad pública «universal, accesible, innovadora y de calidad» junto a unos servicios sociales «sólidos, próximos y centrados en la atención individualizada», con el objetivo de construir «una Castilla y León que cuide, acompañe y proteja a las personas en todas las etapas de su vida.
Durante su intervención, Vázquez sostuvo que la sanidad y el bienestar social son mucho más que dos servicios públicos esenciales, al considerarlos instrumentos de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y equidad social, además de sectores estratégicos para el desarrollo de la Comunidad por su capacidad para generar empleo cualificado, investigación, innovación y actividad económica.
El titular de Sanidad y Bienestar Social defendió una forma de hacer política basada en el diálogo y el consenso y tendió la mano a todos los grupos parlamentarios, así como a los profesionales, corporaciones locales, entidades del tercer sector, organizaciones sindicales y agentes sociales, convencido de que las mejores políticas públicas son las que se construyen «desde el consenso, el conocimiento y la cercanía a la realidad».
En ese contexto, puso en valor la posición que ocupa Castilla y León en los principales indicadores nacionales, al recordar que la Comunidad es la primera de España en servicios sociales, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y figura entre las tres autonomías mejor valoradas por los ciudadanos en materia sanitaria, de acuerdo con el último Barómetro Sanitario del Ministerio. Un liderazgo que atribuyó al esfuerzo presupuestario realizado durante las últimas décadas, aunque advirtió de que esos resultados «no invitan a la complacencia», sino que obligan a seguir innovando y mejorando la atención a los ciudadanos.
Vázquez recordó además que la nueva Consejería integra a más de 50.000 profesionales y gestionará más de 6.000 millones de euros, cerca de la mitad del gasto no financiero de la Junta de Castilla y León, una cifra que, según afirmó, demuestra que la protección de la salud, la autonomía personal y los cuidados constituyen la principal prioridad del Ejecutivo autonómico. “Dicho de otra forma, cerca de uno de cada dos euros del presupuesto autonómico se destina a proteger la salud, la autonomía personal, los cuidados y el bienestar de los castellanos y leoneses. Difícilmente puede encontrarse una expresión más clara de cuáles son las prioridades de este Gobierno”, sentenció.
Una financiación «justa»
La defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica ocupó buena parte del arranque de la comparecencia. El consejero insistió en que mantener unos servicios públicos universales y de calidad en un territorio como Castilla y León exige un modelo que tenga en cuenta el envejecimiento de la población, la baja densidad demográfica, la dispersión y la mayor extensión territorial del país.
«Llevamos años reclamando una reforma del modelo de financiación autonómica que incorpore criterios de justicia y equidad y tenga en cuenta la realidad de Castilla y León», afirmó antes de lamentar que el Gobierno de España continúe, a su juicio, «ignorando estas singularidades».
Ante esta situación, aseguró que la Junta continuará reclamando un sistema «basado en los principios de suficiencia, equidad y solidaridad», que reconozca el esfuerzo que realizan comunidades como Castilla y León para prestar servicios sanitarios y sociales en un territorio complejo desde el punto de vista demográfico y geográfico. Añadió que la financiación actual compromete la sostenibilidad futura de ambos sistemas y obliga a la Comunidad a asumir un esfuerzo creciente con recursos propios.
El consejero quiso elevar esta reivindicación por encima del debate político y realizó un llamamiento expreso a todos los grupos parlamentarios para que respalden una posición común.
«No se trata de una cuestión partidista, sino de una cuestión de Comunidad», afirmó, antes de pedir a las distintas fuerzas políticas que acompañen a la Junta en la defensa de un modelo de financiación que permita mantener unos servicios públicos de calidad «vivan donde vivan» los castellanos y leoneses. “Mantener, reforzar y adaptar ese liderazgo a los nuevos desafíos demográficos, sociales y asistenciales exigirá recursos, compromiso y una financiación justa. Y en esa tarea estoy convencido de que debemos actuar unidos, defendiendo por encima de cualquier diferencia los intereses de Castilla y León y el bienestar de quienes representamos”, sentenció.
Departamento integrado
Antes de presentar el programa de gobierno, Alejandro Vázquez destacó la nueva organización del departamento, diseñada para reforzar la coordinación entre las áreas sanitaria y social.
La principal novedad, explicó, es la creación de dos viceconsejerías. La Viceconsejería de Sanidad, de la que dependerá la Gerencia Regional de Salud, estará dirigida por Álvaro Muñoz Galindo, mientras que la Viceconsejería de Bienestar Social, a la que se adscribe la Gerencia de Servicios Sociales, tendrá al frente a Esperanza Vázquez Boyero.
La Secretaría General será responsabilidad de Israel Diego Aragón, encargado también de coordinar las relaciones entre la Consejería y sus organismos autónomos.
El organigrama mantiene la Dirección General de Salud Pública, dirigida por Cristina Granda Castro, y la Dirección General de Planificación, Investigación e Innovación, al frente de la cual continuará Sonia Martín Pérez.
En el ámbito sanitario, la reorganización de la Gerencia Regional de Salud divide la anterior Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización en dos centros directivos diferenciados. La Dirección General de Asistencia Sanitaria estará dirigida por Pedro Gómez de Quero Masía, mientras que se crea una nueva Dirección General de Cuidados y Humanización. Asimismo, nace la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias, cuyo responsable será Víctor Quirós González, y se mantiene la Dirección General de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, dirigida por Mónica Robles García, así como la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, encabezada por Sonsoles García Rodríguez.
Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales adapta igualmente su estructura para responder a las nuevas competencias de la Consejería. La anterior Dirección General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia se divide en dos órganos diferenciados: la Dirección General de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad, dirigida por Eduardo García Brea, y una nueva Dirección General de Atención a la Dependencia. El consejero agradeció a todo el equipo directivo haber asumido la responsabilidad de liderar esta nueva etapa y destacó su experiencia, prestigio y vocación de servicio público.
Doce ejes
El programa de gobierno de la nueva Consejería se articulará en torno a doce grandes líneas estratégicas que servirán de guía para la acción del departamento durante la XII Legislatura. Entre ellas figuran el refuerzo de la prevención, la promoción y la protección de la salud; la mejora de la accesibilidad y la equidad territorial; una Atención Primaria «más resolutiva, cercana e innovadora»; la respuesta a los grandes retos sanitarios; el envejecimiento activo y saludable; la autonomía personal, la dependencia y los cuidados de larga duración; la inclusión de las personas con discapacidad; la integración sociosanitaria y la humanización; el impulso a los profesionales como principal activo del sistema; el fortalecimiento de la investigación y la innovación; la transformación digital y la modernización de los servicios; y un plan de infraestructuras para adaptar la sanidad y los servicios sociales a las necesidades del futuro.
Con estas líneas estratégicas, el consejero aseguró que el objetivo del Gobierno autonómico será seguir mejorando las prestaciones, los recursos y los servicios públicos para garantizar una atención «de la máxima calidad, accesible, equitativa y cercana a las personas».
La portavoz de Sanidad y Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes, Virginia Jiménez, acusó hoy al titular de la Consejería del ramo, Alejandro Vázquez, de «vender futuro para intentar tapar el pasado», y le recordó que lleva años al frente de la Sanidad de Castilla y León y que, por tanto, debe responder por las listas de espera, la falta de profesionales, las dificultades de la Atención Primaria, el transporte sanitario o la situación de los hospitales comarcales.
Jiménez sostuvo, tras conocer el programa de Vázquez para la presente legislatura, que buena parte de las medidas anunciadas constituyen «una confesión por escrito de todos los incumplimientos acumulados del Partido Popular» y criticó que muchas de las soluciones se pospongan hasta 2027 o 2028.
A su juicio, la nueva macroconsejería responde más al pacto entre PP y Vox que a una reorganización pensada para mejorar la atención a los ciudadanos, al tiempo que advirtió del riesgo de que los servicios sociales queden relegados dentro del nuevo departamento. «Coordinar sanidad y servicios sociales, sí; absorber Bienestar Social, desde luego que no», resumió.
La portavoz socialista reprochó también al consejero que no hiciera «absolutamente ninguna» referencia a la interrupción voluntaria del embarazo. «Ese silencio no es casual», afirmó, al sostener que el Gobierno autonómico está «condicionado por Vox». En ese sentido, defendió que esta prestación sanitaria debe garantizarse en todos los hospitales públicos de referencia «con igualdad, intimidad, seguridad y dignidad» y aseguró que el PSOE no aceptará «ningún intento de tutelar la decisión de las mujeres».
La procuradora concluyó que la comparecencia dejó «mucha propaganda, muchas promesas y muy pocas respuestas» y advirtió de que su grupo se situará «frente a cualquier retroceso, cualquier recorte encubierto y cualquier intento de debilitar la sanidad pública o diluir los servicios sociales».
Concreción
Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, coincidió en reclamar mayor concreción a la comparecencia del consejero, aunque centró su intervención en las necesidades específicas de la provincia abulense. Tras reconocer la complejidad de gestionar la sanidad en una comunidad extensa, envejecida y dispersa como Castilla y León, lamentó que el discurso estuviera plagado de términos como «potenciar», «promover», «reforzar» o «seguir desarrollando». «Parece como si no hubieran gobernado esta comunidad durante todos estos años», afirmó.
Pascual consideró que la intervención resultó «muy general» y defendió que la falta de profesionales sanitarios ya no puede tratarse como una circunstancia excepcional, sino como un problema estructural que afecta especialmente a provincias como Ávila. En ese sentido, reclamó una planificación adaptada a la realidad demográfica y territorial de Castilla y León y recordó que seguirá reivindicando actuaciones pendientes como el centro de salud de Las Hervencias, la ampliación de las Urgencias del Complejo Asistencial de Ávila, la agilización del Hospital de Día Oncohematológico y el refuerzo de personal en los municipios que multiplican su población durante el verano.
Por último, el procurador trasladó a la Consejería que debería empezar a plantearse la construcción de un nuevo hospital para Ávila o, al menos, una ampliación del actual, que calificó de obsoleto tras cerca de medio siglo de funcionamiento. También reclamó que la futura regulación de los puestos sanitarios de difícil cobertura tenga especialmente en cuenta a las provincias periféricas de la Comunidad.
Principales problemas
Frente a las críticas de PSOE y Por Ávila, la portavoz de Vox en la Comisión, María Mateo Mateos, expresó el respaldo de su grupo al acuerdo de Gobierno y aseguró que las medidas anunciadas responden a los principales problemas de la sanidad de Castilla y León. Destacó la reducción de las listas de espera, el desarrollo de la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura y la defensa de un estatuto médico propio, además de reivindicar el papel del conjunto de los profesionales sanitarios.
Mateo sostuvo que, en una comunidad con una gran dispersión geográfica y una población envejecida, «no basta con tener un buen sistema sobre el papel», sino que es necesario garantizar que funcione en todo el territorio. En ese sentido, defendió que el desarrollo de la ley de puestos de difícil cobertura permitirá incentivar la cobertura de plazas en las zonas más aisladas para evitar que exista «una sanidad de primera y otra de segunda en función del código postal», al tiempo que proporcionará mayor estabilidad a los profesionales y mejorará la atención a los pacientes.
La procuradora de Vox criticó el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, al considerar que «enfrenta a unos sanitarios con otros», deteriora la calidad asistencial y «silencia la voz del médico». Por ello, reclamó un estatuto médico propio que reconozca la singularidad de la profesión y mejore sus condiciones laborales, y extendió ese reconocimiento al resto de profesionales del sistema sanitario, como enfermeros, farmacéuticos, técnicos, celadores y personal de apoyo.
Asimismo, defendió que la política sanitaria desarrollada en Castilla y León debe servir de «contrapeso» a la del Gobierno de España y mostró su rechazo a cualquier recorte en las prestaciones destinadas al cuidado de menores con enfermedades graves, la Cume. «Hay buenas medidas sanitarias, hay un rumbo definido y ahora lo importante es ejecutarlo», afirmó, antes de garantizar que Vox será «leal» al acuerdo de Gobierno, pero también «exigente» para que todos los compromisos se lleven a la práctica.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión, José María Eiros, destacó las reiteradas llamadas al diálogo formuladas por el consejero, las 12 líneas estratégicas que estructuran el programa de la nueva Consejería y el reto que supone integrar Sanidad y Bienestar Social en un mismo departamento para avanzar hacia una atención continuada, cercana, innovadora y centrada en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León.
