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Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy, con los votos a favor de PSOE, Vox, Podemos y Francisco Igea, la nueva ley de Publicidad Institucional, mientras que el Grupo Popular votó en contra de una norma que considera que “vulnera la libertad de expresión y nace muerta”.
Con aplausos de las bancada socialista se recibió el resultado de la votación: 41 votos a favor (PSOE, Vox, Podemos y Francisco Igea), 34 en contra (PP, Por Ávila y dos dos no adscritos) y seis abstenciones (UPL-Soria Ya). “Es un día histórico”, sentenció el parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Fernández, impulsor de la proposición de ley.
En sus turnos, Nuria Rubio (PSOE), Miguel Suárez (Vox), Pablo Fernández (Podemos) y Francisco Igea pusieron en valor el acuerdo entre partidos con ideologías opuestas para aprobar cambios en la gestión de la publicidad institucional, que limita la inversión pública de la Administración autonómica, incluidos consorcios y universidades, y de las entidades locales a un máximo del 33 por ciento de la cifra de negocios del medio y que obliga a llevar el Plan de Medios al Parlamento; y un nuevo modelo de la televisión autonómica, que incluye el control de la comisión elegida por el Parlamento.
Todos ellos acusaron al PP de “bloqueo” para retrasar la tramitación y que no se aprobara una ley con la que afirmaron que este partido “pierde el control” sobre los medios de comunicación, pero el popular Miguel Ángel García Nieto rebatió que no les “han dejado participar” y calificó el texto de “bodrio y chapuza legislativa”.
“Es una ley que nace muerta”, sentenció García Nieto, que pidió su retirada, mientras que los proponentes reconocieron que “puede no ser el mejor texto”, pero sí “mejor” que el actual, a la vez que afearon al PP que se opusiera a una enmienda transaccional para limitar solo al plan de medios de la Junta el tope del 33 por ciento de publicidad conforme a la cifra de negocio de las empresas.
Los portavoces del bloque que apoyan la reforma denunciaron “presiones a los medios de comunicación”, negado por el popular Miguel Ángel García Nieto, que consideró que esta ley se tenía que llamar “de censura” no de Publicidad Institucional e incluso consideró que es más propia de países como “Venezuela o Cuba”.
Recorrido
En la presentación de la proposición de ley, Pablo Fernández (Podemos) detalló que “todo comenzó” con una propuesta suya sencilla para impedir dar subvenciones a medios condenados por difundir bulos y recordó que la petición fue “tan sensata” que concitó el apoyo de todos, excepto del PP, si bien dejó en el Diario de Sesiones “presiones” de este partido para que la ley no saliera adelante.
Sin embargo, valoró que, finalmente, “las presiones no han surtido el efecto deseado” y resaltó que la norma se aprueba ya que se mantiene el acuerdo de mínimos de la oposición, que suma mayoría, en lo que es la primera vez en la historia de las Cortes que una ley sale adelante con el voto a favor de la oposición y en contra del partido en el Gobierno.
Fernández se mostró dispuesto a hablar del modelo de televisión autonómica pero desde el control parlamentario y las condiciones laborales dignas de los profesionales. “Hoy es un día histórico para la pluralidad y la diversidad, estoy disfrutando mucho”, remató.
En el debate, no fueron aceptadas tres enmiendas defendidas por la socialista Nuria Rubio que expresó la responsabilidad de su partido y la decepción con el PP “por bloquear” el consenso para presentar una enmienda transaccional, pero añadió que “se ha quedado solo, no quiere mejorar la ley, sino convertirla en un arma de partido”.
El popular Raúl Hernández enmarcó la norma en el consenso marcado por Pedro Sánchez en sus cinco días de reflexión de “silenciar a los medios” que apuntaban a una presunta corrupción, defendió que el PP estuvo abierto al consenso pero se rechazó ampliar el plazo de enmiendas y concluyó que sale “un bodrio y una chapuza legislativa” porque la norma afecta a todas las instituciones, no solo a la Junta.
“Asuman las consecuencias de su chapuza”, rebatió el procurador popular, que insistió en que la ley no regula la publicidad institucional, sino que entra en la información que difunden los medios.
Francisco Igea mantuvo su enmienda para “el fin del modelo de esta televisión” y Raúl Hernández recordó que en 2020 todos los partidos aprobaron la subvención, en 2021 se incrementó y en 2022 se aprueba por PP y Vox, por lo que incidió en la “falta de coherencia” del parlamentario.
Posición de los grupos
El exvicepresidente de la Junta y exmiembro de Cs, que se refirió a su esposa que es periodista y “hoy ha perdido su trabajo”, reconoció la labor de los profesionales que “trabajan para cumplir la verdad” y aseguró que “de eso se trata esta ley”. “No voy a admitir lecciones de quienes nunca han creído en esto, la ley será imperfecta, pero es mejor de lo que tenemos”, zanjó.
También, Pablo Fernández reconoció la labor de “buenos profesionales” de la Comunidad, afirmó que se hará la reforma para centrar el límite del 33 por ciento a la publicidad institucional de la Junta y expresó que se va de las Cortes con la satisfacción de que “algo va a cambiar”.
El procurador de Vox Miguel Suárez puso en valor el acuerdo entre “grupos con posiciones oceánicas”, habló de “las bondades” de la norma como el control de la televisión autonómica por parte de las Cortes y rebatió la critica del PP con una cronología desde que se presentó la norma, donde acusó a los ‘populares’ de “tejes manejes” para retrasar que se pudiera aprobar.
Nuria Rubio (PSOE) insistió en que la publicidad institucional “no puede ser una arma de propaganda” del partido en el gobierno, defendió que la nueva norma es más justa en el reparto a los medios y concluyó que el nuevo modelo de televisión autonómica se debe construir desde la calidad del empleo y el reconocimiento de la profesionalidad.
“La Junta de Castilla y León no presiona, ni ha presionado nunca”, rebatió el popular Miguel Ángel Nieto al fijar posición, que calificó de “disparate y bodrio esta ley” con efectos perjudiciales para los medios, sus profesionales y la libertad de expresión. “Esta ley nace desde el odio a algunos medios”, aseveró.
A ello añadió que contradice leyes básicas -contratos-, “quiere imponer la censura” y “un apagón informativo en el medio rural”, en referencia a medios pequeños. “No nos han dejado participar”, se quejó, para sugerir que se presenten juntos a las elecciones porque “son lo mismo”.
El leonesista Luis Mariano Santos explicó su abstención en la coherencia con lo que defiende UPL, ya que la televisión autonómica respeta el marco actual de Comunidad, sin valorar la propiedad de la misma, pero desde el respeto a los profesionales. A ello unió el límite del 33 por ciento y aseguró que nadie les ha llamado para incidir en el sentido de su voto, aunque él sí ha llamado a algún medio para conocer cómo les puede afectar.
Novedades de la norma
Se prohíbe la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada. También a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen de las personas o por delitos de odio.
El conjunto de los contratos que tengan por objeto acciones de publicidad institucional tanto de la Administración autonómica como de las locales que se celebren con una persona o entidad propietaria de un medio de comunicación no podrá suponer un ingreso para las mismas que supere el 33 por ciento del importe neto de su cifra anual de negocio.
Con carácter anual, se elaborará un plan de publicidad institucional que recogerá las previsiones de actuación en materia de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus entes adscritos y será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León realizará un informe de evaluación de cada una de las campañas de publicidad institucional, que también publicará una memoria anual sobre la inversión realizada y las campañas realizadas, que se remitirá a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, para que puedan ejercer adecuadamente su función de control.
Se crea el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, integrado por miembros elegidos por las Cortes por mayoría de dos tercios, que sustituye a la actual Comisión de Seguimiento de la Comisión Digital Terrestre que preside el consejero de la Presidencia.
Por último, la Junta de Castilla y León procederá a la convocatoria, en el plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta ley, de un nuevo concurso, con criterios de publicidad y transparencia, para una nueva concesión de la televisión autonómica que garantice la subrogación de los actuales trabajadores e incluya cláusulas sociales que garanticen sus condiciones laborales.
