ICAL
Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y COAG llevarán el próximo 28 de octubre a Madrid el “desánimo” que atraviesan los agricultores y ganaderos de Castilla y León ante una sementera que califican como “la más cara de la historia”, con unos costes de producción que alcanzan entre 900 y 1.000 euros por hectárea de secano. La movilización, que partirá de la Puerta de Alcalá y recorrerá las calles de la capital hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será la quinta protesta impulsada por las organizaciones de la Comunidad para reclamar medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones.
El presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador de UCCL en la Comunidad, Jesús Manuel González Palacín, y el coordinador general de COAG de Castilla y León, Lorenzo Rivera, presentaron hoy esta convocatoria nacional, que se celebrará bajo el lema ‘Dar de comer tiene que dar para vivir’ y reunirá a agricultores y ganaderos que se desplazarán hasta Madrid tanto a pie como con tractores, informa Ical.
Dujo advirtió que el sector agrícola atraviesa una situación “ruinosa” después de una campaña marcada por los elevados costes de producción, los bajos precios del cereal y una cosecha que dejó pérdidas superiores a los 300 millones de euros en Castilla y León. Según explicó, los fertilizantes alcanzan los 600 euros por tonelada, mientras que el cereal se comercializa a una media de 220 euros por tonelada, lo que obliga a obtener producciones difíciles de alcanzar para cubrir los gastos.
“Necesitaríamos 4.500 kilos de media para empatar y nadie trabaja para empatar, trabajamos para ganar”, aseguró el presidente del Asaja, quien señaló que una producción media de 5.000 kilos por hectárea “no corresponde con la realidad del conjunto de Castilla y León”.
Esta falta de rentabilidad está provocando, según sus estimaciones, una importante reducción de la superficie destinada al cereal. Frente a los dos millones de hectáreas que históricamente se sembraban en la Comunidad, el pasado año se cultivaron 1,55 millones y en la actual campaña podrían no alcanzarse los 1,2 millones de hectáreas.
“Desanimados” por la sementera”
“Los agricultores hoy estamos desanimados por la sementera”, reconoció Dujo, quien explicó que muchos productores están optando por aumentar las superficies de barbecho recurrir a cultivos alternativos, como el girasol, vezas y forrajes, ante la imposibilidad de mantener la rentabilidad del cereal.
El responsable de Asaja recordó que las cuatro movilizaciones anteriores permitieron conseguir ayudas estatales para fertilizantes y gasóleo que cifró en unos 160 millones de euros para Castilla y León. Sin embargo, reprochó a la Junta que todavía no haya atendido la petición de las organizaciones de habilitar una partida extraordinaria de 150 millones de euros para afrontar la crisis de rentabilidad. “Hasta el momento el Gobierno de Castilla y León no ha puesto un solo euros para ayudar a los agricultores y ganaderos de esta región”, denunció.
Por su parte, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, destacó la importancia de la unidad de acción alcanzada entre las organizaciones convocantes y aseguró que supone un “ejercicio de responsabilidad en un momento crítico” para el sector.
“Hay que aparcar nuestras diferentes, que es verdad que las tenemos, pero el interés del sector está por encima del interés de las organizaciones”, defendió González Palacín, quien defendió que “nunca había existido tanto desencanto entre los agricultores de Castilla y León”.
En este sentido, advirtió de que el encarecimiento de los costes de producción está llevando a numerosos profesionales a plantearse abandonar la siembra del cereal y sustituirla por cultivos menos costosos. “Si no hay ayudad de una forma importante va a haber mucho trasvase a cultivos con menos costes, se va a reducir de forma importante el cultivo del cereal y va a aumentar de forma irresponsable la dependencia de cereales a terceros países”, señaló.
González Palacín denunció también la competencia que “representan las importaciones precedentes de países que no cumplen las mismas exigencias sanitarias y medioambientales que los productores europeos”. Por ello, reclamó reforzar los controles fronterizos y garantizar que todos los productos comercializados en la Unión Europea respeten los mismos requisitos.
Reivindicaciones
Entre las principales reivindicaciones destacó la implantación de un gasóleo profesional que contemple una reducción del IVA hasta el mínimo permitido por la normativa comunitaria, la eliminación del cobro inicial del impuesto especial sobre hidrocarburos y una bonificación directa en el momento del repostaje.
Según explicó, esta última medida debería compensar al menos el 70 por ciento del sobrecoste del combustible, lo que supondría una rebaja de entre 40 y 50 céntimos por litro. “No podemos seguir produciendo con el precio del gasóleo como está”, insistió.
Asimismo, reclamó una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que agricultores y ganaderos reciban precios que cubran sus costes de producción. “Tenemos una ley con muy buenas intenciones, pero que en la realidad no da resultados”, afirmó, antes de solicitar sanciones “más eficaces” y mecanismos que obliguen a las empresas a regularizar los contratos “cuando se detecten pagos por debajo de los costes”.
El coordinador general de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, coincidió en describir una situación “muy crítica” y aseguró que muchos agricultores continúan sembrando pese a acumular varios ejercicios de pérdidas económicas.
“Si vamos a sembrar lo hacemos por inercia o porque no nos queda otra opción, pero eso es resignación”, lamentó Rivera. “Lo que queremos es condiciones justas para producir, que no las tenemos, y sobre todo una rentabilidad para nuestras explotaciones y un futuro para nuestra profesión”, afirmó.
Rivera recordó que los agricultores “llevan décadas inmersos en una reconversión permanente sin recibir compensaciones equiparables a las concedidas a otros sectores económicos, como la minería o la siderurgia”.
“Nosotros queremos cumplir las normas, evidentemente, pero también necesitamos que las normas nos dejen trabajar”, manifestó, al tiempo que criticó la carga burocrática que soportan las explotaciones y que resta tiempo a las labores agrícolas y ganaderas.
Futura PAC
Las tres organizaciones coincidieron en reclamar al Gobierno central un plan de choque urgente para compensar el incremento de los costes de producción, una futura Política Agraria Común (PAC) con presupuesto suficiente y sus dos pilares diferenciados, una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, condiciones comerciales equivalentes para las importaciones y una reducción de las exigencias burocráticas.
En relación con la futura PAC, González Palacín advirtió de que la propuesta comunitaria contempla, según sus cálculos, “un recorte del 28 por ciento” y alertó de la posible pérdida de autonomía del segundo pilar, destinado al desarrollo rural. “Necesitamos políticos firmes que mantengan el pulso en la Unión Europea”, aseguró.
Las organizaciones también quieren introducir la crisis agraria en el debate político ante las próximas elecciones generales. Rivera reclamó a los partidos “compromisos concretos, con plazos y con resultados”, mientras González Palacín defendió que tanto el Gobierno como las formaciones de la oposición “expliquen las medidas que adoptarían para garantizar la supervivencia del sector”.
Respecto a las nuevas ayudas para fertilizantes que se abordarán en la conferencia sectorial entre el Ministerio y las comunidades autónomas, Rivera consideró insuficiente la cuantía planteada ante la magnitud de los problemas que atraviesan las explotaciones. “Me parece que 50 millones es ridículo para el problema que tenemos en el campo ahora”, afirmó.
Dujo precisó que el fondo extraordinario europeo contempla 54,4 millones de euros para España, de los que inicialmente corresponderían 10,9 millones a Castilla y León. Según explicó, la Junta prevé complementar esta cantidad con otros 20 millones de fondos propios, hasta alcanzar los 30 millones anunciados por la Consejería de Agricultura. No obstante, insistió en que esta partida “no responde a la reclamación de las organizaciones”, que solicitaron al Ejecutivo autonómico 150 millones de euros adicionales para equiparar el esfuerzo económico del Gobierno central.
Finalmente, los tres representantes reiteraron su llamamiento a la participación masiva en la manifestación del 28 de octubre y avanzaron que Castilla y León tendrá una presencia destacada, con una pancarta propia y una representación conjunta de las organizaciones agrarias.
“Ese día la sementera está en Madrid”, resumió Rivera, mientras Dujo advirtió de que, “si no se producen cambios, esta quinta movilización no será la última”. González Palacín también avanzó que las organizaciones podrían retomar las protestas ante la Junta después de las elecciones si no se concretan nuevas medidas de apoyo para los agricultores y ganaderos de Castilla y León
