ICAL
El Grupo Parlamentario Vox Castilla y León se quedó hoy solo en su Proposición No de Ley (PNL) para reclamar un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional para la cesión de datos de personas extranjeras que residen en la Comunidad en situación irregular y la puesta en marcha de planes de retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen. Y es que el procurador Miguel Suárez Arca se opuso a traer trabajadores inmigrantes como “esclavos postmodernos”, al asegurar que las empresas necesitan que se acaben con los incentivos “perversos” que expulsan a los españoles del mercado laboral y que los empleados tengan salarios dignos.
El documento de la PNL también solicitaba la creación de un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se declaren como menores y a elaborar un informe “detallado” sobre el impacto económico, directo e indirecto, que la prestación de servicios a personas extranjeras en situación ilegal ha tenido sobre todas las consejerías de la Junta de Castilla y León.
Suárez Arca aseguró, según recogió la Agencia Ical, que los castellanos y leoneses tienen derecho a saber cuántos inmigrantes, legales e ilegales, hay en la Comunidad, cuánto les cuesta a las arcas públicas y sus edades. En este sentido, se preguntó por qué otras comunidades autónomas están medidas son “legales” y “adecuadas” pero en Castilla y León son “ilegales” y “racistas”. Es por ello que cuestionó si el Partido Popular tiene algo que ocultar en este asunto.
El Grupo Popular votó en contra de la PNL después de apostar por una reforma “profunda” y “coherente” de la política migratoria para “poner en orden” donde hoy existe un “desorden”, basada en tres pilares fundamentales como la ordenación, la seguridad y el compromiso. La procuradora María Inmaculada Ranero señaló que no se necesitan iniciativas “parciales” y “repetitivas” como la presentada hoy por Vox sino una política de Estado “articulada, eficaz y previsible”.
A su juicio, los aspectos que plantea la Proposición ya están regulados o exceden las competencias de la Junta. No en vano, recordó que establecer un marco de colaboración para la cesión de datos sanitarios de extranjeros no registrados es “totalmente innecesaria” por que el deber de colaboración entre administraciones públicos ya es de obligado cumplimiento y establecida en la normativa como la Ley orgánica de Extranjería.
En cuanto a la repatriación del menor, Ranero precisó que la repatriación del menor es competencia de la Subdelegación del Gobierno y la determinación de su edad no acompañado lo fija el Ministerio Fiscal mientras que las comunidades autónomas se limitan a la política de integración.
La ‘popular’ apostó, según Ical, por abordar la inmigración con “seriedad” y con visión de futuro, centrada en el orden y la coherencia para acabar con el “caos” con la dispersión de competencias entre los múltiples ministerios. Para ello, apuntó que el PP propone una autoridad única en materia migratoria, una inmigración basada en el aporte económico y social como un visado por puntos para valorar la formación, la experiencia y el conocimiento del idioma; los contratos de origen en sectores con escasez de mano de obras; cuotas por países que recompensen la colaboración de los estados en los flujos y repatriaciones; refuerzo de las fronteras en el marco europeo; lucha “sin tregua” contra las mafias, con un endurecimiento de las penas contra los traficantes, y la tolerancia cero contra la delincuencia, por lo que los inmigrantes condenados por delitos graves o reincidentes deberán ser expulsados.
Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, subrayó que este tipo de iniciativas de Vox es “ilegal, inconstitucional e inhumana”, pero también “repugnante” por que trata a los inmigrantes como “mercancías”, algo que leyó en los libros de historia. Es por ello que sintió “pena” y “vergüenza” que en un Parlamento se tenga que abordar PNL como éstas. “Ojalá algún día dejen de entrar iniciativas de este tipo en las Cortes”, concluyó.
Por el Grupo UPL-Soria Ya, Ángel Ceña, apuntó que la Ley de Extranjería impide abrir las bases de datos sanitarios para un rastreo migratorio e instó a Vox, que si no está de acuerdo con ella, propongan una modificación de la misma en el Congreso de los Diputados. Además, recordó que la Consejería de Sanidad no debe poner a disposición de la Policía los datos de los inmigrantes ilegales por que su situación no es un delito sino una falta administrativa.
Por último, Ceña se refirió a la demanda de los empresarios sorianos que necesitan trabajadores para crecer y mantener su actividad, que en muchas ocasiones se nutren de las personas extranjeras. También criticó que la PNL de Vox no recoja medidas concretas para acabar con el procedimiento “tan complejo” para contratar a trabajadores en países de origen.
Pedro Pascual, de Por Ávila, confesó como médico que nunca se negará a atender a un enfermo ni facilitará los datos de un paciente por que “son suyos”. El procurador Francisco Igea lamentó que Vox proponga que la gente no vaya al médico por que pueden acabar deportados. “¿Cuál será lo siguiente? ¿Ir a las puertas de los colegios a coger a menores?”. Añadió que se va camino de un mundo “totalmente distópico” donde los países ricos se niegan a su única opción de viabilidad, que llega de la mano de la inmigración.
Pablo Fernández, de Unidas Podemos, consideró que el “antídoto” contra el odio, la xenofobia y el racismo viene de la mano de la cultura. Por eso leyó, desde la tribuna, unos versos de Rafael Alberti del poema ‘A galopar’, escrito durante la Guerra Civil españolas y que se convirtió en un himno republicano, que llama a la lucha y la unidad del pueblo a través del galope de un caballo.
