El déficit de 18.800 millones en la Seguridad Social impide revalorizar las pensiones al IPC

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado este jueves que es demagógico pedir que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme a la inflación sin tener en cuenta el coste que supone para un sistema deficitario.

La Seguridad Social cerró el 2017 con un déficit de 18.800 millones, y al mismo hacen falta seis empleos para pagar cada nueva pensión y la ratio actual es de 2,2. Teniendo en cuenta que la pensión media de jubilación en España es de 1.074 euros esos empleos nuevos que se crean están todos en el limite del salario mínimo interprofesional.

El salario más habitual, que no el medio, en el mercado laboral español está en los 16.500 euros brutos al año, que dividido en 14 pagas se quedaría en unas 1.000 euros netos al mes. Con ese sueldo, el pago en cotizaciones a la Seguridad Social, teniendo en cuenta la aportación de la empresa, unos 380 euros, y la del trabajador, el 4,70% del sueldo bruto de cada una de sus 12 pagas -las extras no llevan pago a la Seguridad Social-, lo que supondrá unos 70 euros, ese trabajador inyectará al sistema un total de unos 450 euros mensuales. Esos 450 euros por seis sueldos, como dice la ministra Báñez, serían 2.700 euros al mes, 1.626 euros más que la pensión media de jubilación de 1.074 euros.

«Hay que analizarlo desde la perspectiva que supone el coste del mantenimiento del sistema. Esto no admite bromas ni demagogias (…) cuidado con aumentos de gasto de imprevisibles consecuencias», ha dicho Burgos en su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado.

Burgos ha discutido con el senador socialista Francisco Javier Oñate sobre la suficiencia de las pensiones y la forma en que se revalorizan cada año.

El secretario de Estado ha insistido en que las pensiones han mantenido el poder adquisitivo durante la crisis y en que solo han perdido una décima de capacidad de compra desde que en 2014 se implantó el índice de revalorización que las desvincula de la inflación.

Oñate, por su parte, ha acusado al Gobierno de mentir al decir que las pensiones no han perdido poder adquisitivo, puesto que ha usado las tasas medias anuales de inflación en lugar de las tasas de cierre de año.

A ello ha sumado la pérdida adicional que experimentarán cuando se comience a aplicar en 2019 el factor de sostenibilidad que ajustará el cálculo de la pensión a la esperanza de vida prevista.

Asimismo, ha advertido de que con los actuales niveles de IPC las pensiones pueden perder hasta un 25 % de poder adquisitivo en las próximas décadas y van hacia un horizonte de pobreza.