Se cumple un lustro desde que entró en vigor -12 de agosto de 2021- la conocida como «Ley rider», una norma impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para regular la actividad laboral de los repartidores de pedidos a domicilio y cuya aplicación generó opiniones opuestas entre las partes implicadas que se mantienen cinco años después. Las reacciones a esa norma son muy dispares. Fuertes criticas entre los repartidores, los más afectados, y las empresas, y satisfacción en el Ministerio de Yolanda Díaz y entre sus dos sindicatos afines, CCOO y UGT.
Los más afectados por la ‘Ley Rider’, los propios repartidores tiene muy clara su opinión y no es nada positiva. El fundador y portavoz de Repartidores Unidos, Gustavo Gaviria, ve esta normativa como «extremadamente ineficiente» y, a su juicio, se ha quedado «incompleta».
Para Gaviria «faltó mucha discusión» con los representantes del sector por parte del Ministerio, ya que la ley ha provocado la «fuga» de empresas y «despidos masivos» como el que él mismo sufrió por parte de Glovo.
Según el representante de Repartidores Unidos, pese a que ve en la norma «intenciones positivas», uno de los grandes problemas radica en la posibilidad de trabajar como autónomo: «No hemos pasado a empeorar el trabajo, sino directamente a perderlo», ha argumentado.
Los repartidores critican que con la Ley Rider, aun asalariados, ganan «menos dinero» y no pueden elegir los horarios, algo que sí podían hacer antes
En su línea, Horacio Gómez, antiguo repartidor de Glovo, ha incidido en que con la Ley Rider, aun asalariados, ganan «menos dinero» y no pueden elegir los horarios, algo que sí podían hacer antes.
Según Gómez, antes podían trabajar «7 horas y media con una compañía y tres horas en otra», lo que les permitía duplicar los ingresos que tienen ahora tras la entrada en vigor de la Ley Rider, algo que los sindicatos no aprueban pues constituye «autoexplotación» por parte del trabajador.
Por otro lado, desde Marcas de Restauración -una organización que aglutina 180 marcas para las que el reparto supone el 15 % de su facturación- han afirmado a EFE que la ley supuso «dar un marco laboral» a los repartidores, pero les ha restado «flexibilidad y operatividad» para que sus clientes puedan «pedir a cualquier hora».
Su secretaria general, Adriana Bonezzi, ha reclamado un «marco de seguridad jurídica» y que el consumidor entienda que no es la marca la que ha «encarecido los tiempos» y así poder mejorar la experiencia del cliente.
Satisfacción en el Ministerio de Yolanda Díaz y sus dos fieles sindicatos, CCOO y UGT
El 12 de agosto de 2021 el Gobierno puso en marcha el Real Decreto-ley 9/2021 con la intención de garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto mediante plataformas digitales, y la eliminación de la figura del «falso autónomo» como una de sus metas principales.
Un objetivo conseguido, según han explicado fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz a EFE, que ven en la ley una «norma pionera» y una de las acciones con «más visión».
Trabajo califica de «imprescindible» canalizar las nuevas formas de empleo hacia el «trabajo decente» y han visto en la corroboración de la Unión Europea (UE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un respaldo a su labor en este campo.
Para el Ministerio esta ley tiene importancia en términos de «calidad democrática», ya que demuestra que «no hay nadie por encima de la ley, por poderoso que sea».
UGT cree que la Ley Rider «ha marcado el camino» en Europa
En la misma línea de autofelicitación se expresan los dos sindicatos fieles a Díaz. El vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que la Ley Rider «ha marcado el camino» en Europa y el resto del mundo con su implantación, aunque ésta se haya visto dificultada por la «resistencia» de las compañías destinatarias de la misma.
Para Luján el siguiente paso es encuadrar a los repartidores en un convenio colectivo que «respete y salvaguarde» las condiciones dignas de trabajo.
Desde CC.OO su responsable sindical para el ámbito rider, Carlos Sola, matiza que hasta hace un año solo un porcentaje «ínfimo» de repartidores fueron acogidos en la ley, por lo que hasta que en 2025 se laboralizó al 70 % de ellos la implantación de la norma era «nefasta».
Desde entonces la valoración es positiva en el sentido de que ya solo falta por «laboralizar» algo más del 20 % de los trabajadores del sector, aunque para Sola es importante ver en qué condiciones.
En su opinión, si se hace como ahora, aplicando un convenio de 2006 «desfasado» y con un sistema de contratación «nocivo» para el trabajador, el impacto de la ley será «muy limitado».
