La empresa guipuzcoana CAF, participada por el Gobierno vasco de PNV-PSOE, que apoya la idea de que Israel comete un «genocidio» que esgrime el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como lema de autodefensa política, ha asegurado que no ha constatado «ninguna vulneración de los derechos humanos» en el proyecto del tren de Jerusalén que, al contrario, «genera -dice- impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes».
El Gobierno vasco de PNV-PSOE, entre los accionistas de referencia de CAF
El fabricante de trenes y material ferroviario ha difundido este jueves por primera vez un comunicado para marcar su posición tras las críticas que ha recibido en los últimos meses por su participación en este proyecto ferroviario. Entre esas críticas se encuentra la de Amnistía Internacional que desde 2019 viene solicitado «de manera reiterada» a sus accionistas, y especialmente a aquellos «de referencia como el Ejecutivo vasco», que reclamen a CAF el cumplimiento de sus responsabilidades de derechos humanos y la consecuente retirada responsable del proyecto. El Ejecutivo vasco está actualmente en manos de PNV-PSOE, controla CAF a través de Kutxabank, así como de su fundación y del Instituto Vasco de Finanzas. Mayoral es otro de los accionistas de referencia, así como Cartera Social, que la conforman los trabajadores de la empresa vasca.
La empresa vasca ha asegurado que está «firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones, incluyendo la cadena de valor con base en los más altos estándares de responsabilidad y transparencia».
La empresa ferroviaria vasca no solo niega que contribuya al desarrollo de colonia en Israel, sino que, al contrario, genera impactos positivos para todas las comunidades sin discriminación
La compañía asegura ser «plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de Jerusalén, en particular en relación con el Derecho Internacional Humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar cuidadosamente la protección de los derechos humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades sin discriminación».
Por ello, afirma que ha aplicado medidas específicas para identificar, prevenir y mitigar, en su caso, cualquier impacto adverso en los derechos humanos causado por esta infraestructura.
CAF detalla las diferentes evaluaciones llevadas a cabo sin que hasta la fecha, asegura, «se haya ninguna vulneración de los derechos humanos ni se haya materializado ningún impacto adverso».
«Al contrario, el proyecto de Jerusalén genera impactos positivos en la población, lo que corrabora informes de expertos independientes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025», defiende.
Esta afirmación de CAF contrasta con el último informe de la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien censuró la participación de la empresa guipuzcoana en el proyecto de tren ligero de Jerusalén, al considerar que esta línea contribuye a «establecer y ampliar las colonias».
