Cepyme reclama medidas que atajen las subidas de costes fiscales y laborales y una reducción de las cargas administrativas

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) considera prioritario atajar la tendencia de incrementos tanto fiscales como de cotizaciones sociales que se han institucionalizado durante estos últimos años, suponiendo un gran deterioro de la competitividad especialmente de las pymes, que no han logrado recuperarse totalmente tras la pandemia y la crisis inflacionaria.

Entre esas medidas concretas, la patronal Cepyme reclama al próximo Gobierno que frene «la rápida tendencia alcista» del salario mínimo interprofesional (SMI) llevada a cabo en los últimos años, después de que haya subido un 46,8 % desde 2019, al pasar de 735,90 a 1.080 euros brutos mensuales.

En un documento con sus propuestas publicado este lunes, Cepyme considera que a la hora de evaluar nuevas alzas del SMI se deben tener en cuenta la productividad de las empresas y su impacto en el empleo.

Cepyme asegura que situar al SMI al 60% del salario medio es algo que no ocurre en ningún país de Europa

En opinión de Cepyme, «se ha puesto un énfasis excesivo en que el salario mínimo alcanzara el equivalente al 60 % del salario medio nacional, cuando eso no se cumple en ningún país europeo».

Asimismo, ha incidido en que el salario medio es muy diferente en distintas provincias, sectores y tamaños de empresa, por lo que la meta del 60 % se excede en algunos ámbitos.

La patronal insiste en que el coste laboral mínimo «se ha tornado inasumible para muchas pymes, en particular en el sector servicios», por lo que aboga por una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.

También pide reducir impuestos a las empresas y limitar la implantación de nuevas cargas fiscales de carácter medioambiental, además de abordar con soluciones interministeriales el problema de la morosidad y el de las vacantes laborales.

Entre sus propuestas también incluye reducir las cargas burocráticas, impulsar una mayor «coherencia normativa», modernizar la Justicia, mejorar la eficiencia del gasto público, flexibilizar el marco regulatorio para favorecer el crecimiento empresarial o facilitar el acceso a los fondos europeos, entre otras cuestiones.