Denuncian a Iberdrola en el Parlamento Europeo por el nombramiento de Emma Moreno, exconsejera del BEI

El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo alertó este martes a la Defensora del Pueblo Europeo por el nombramiento de la exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Emma Navarro como consejera independiente de Iberdrola, lo cual consideran un caso de puertas giratorias.

En una carta a la Ombudsman comunitaria, los eurodiputados ecologistas Ernest Urtasun y Sven Giegold advierten de que la incorporación de Navarro a Iberdrola, que se hizo pública en marzo de este año, tuvo lugar unos meses después de que dejase el BEI, desde donde supervisó operaciones que afectaron a la multinacional española.

«Iberdrola es una empresa regulada que cotiza en bolsa y que se ha beneficiado de varios préstamos del BEI en los últimos años, incluyendo, entre otros, de acuerdos de financiación por 690 millones en 2019, 600 millones en 2020 y 100 millones en enero de 2021», recalcan los eurodiputados.

Por ello, los dos miembros ecologistas de la Eurocámara piden a la Defensora del Pueblo que compruebe si el código de conducta «es adecuado» y si las recomendaciones que se emitieron para el caso de Navarro «se ajustan» a las normas del BEI.

Urtasun y Giegold recuerdan que desde el Comité de Ética y Cumplimiento del BEI, que se pronuncia sobre actividades en los doce meses posteriores a la salida de la entidad, se exigió a Navarro que se abstuviera de cualquier relación comercial con el grupo BEI y de realizar actividades de presión con su personal durante esos primeros doce meses, recomendaciones que a juicio de los diputados «se alejan seriamente del espíritu del Código de Conducta del BEI».

Advierten también de una reciente modificación en las normas de conducta del Comité de Dirección (CD) que establece que sus miembros pueden «mantener la responsabilidad general de las relaciones institucionales con sus circunscripciones y contribuir al desarrollo de la actividad en el interés del BEI».

«Entendemos que esto significa que los miembros del Comité de Dirección seguirán políticamente a cargo de los proyectos, aunque los trabajos técnicos y las negociaciones de los proyectos individuales sean realizados por el personal del BEI», señalan los eurodiputados, que a la vez recuerdan que la Eurocámara ha sugerido en el pasado que se prohíba a los miembros supervisar operaciones en su país de origen.