El nuevo decreto ‘ómnibus’ aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que cuenta con un total de 29 medidas incluye la prórroga del escudo antiopas, que se puso en marcha con la excusa de la pandemia del covid en 2020, para sectores estratégicos durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta forma, una medida de carácter excepcional, que influye directamente en la gestión de las empresas y que da poder al Ejecutivo sobre su futuro, como ocurre en el caso de Talgo, estará vigente un mínimo de seis años.
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía, aprueba la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por un periodo de dos años, tal y como ya hizo el pasado 23 de diciembre.
El rechazo del pasado miércoles por parte del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus, en el que se encontraba esta y otras muchas medidas, ha obligado al Gobierno a volver a ratificar esta medida este martes tras alcanzar un acuerdo con Junts.
El escudo antiopas se aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas
Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado que este escudo antiopas se aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la UE o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) con el objetivo de proteger diversos sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público. Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE-Sumar también se lo ha aplicado a empresas dentro del Unión Europea, como el veto a la oferta de la húngara Ganz Mavag sobre Talgo que contaba con el visto bueno de accionistas, consejo de administración y acreedores del fabricante de trenes, pero, que, sin embargo, fue vetada por el Gobierno bajo el argumento de proteger la ‘seguridad nacional’.
Añaden que esta medida es complementaria al Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023, que regula el procedimiento de control de inversiones.
El nuevo decreto aprobado este martes recoge medidas del anterior que suscitaban ya consenso, como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte y a afectados por la dana; otras a las que el PP se ha opuesto, como extender la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, y deja fuera políticas fiscales o entregas a cuentas de las autonomías, que se seguirán negociando.