El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que valore investigar los «indicios consistentes» contra la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero en presuntas adjudicaciones irregulares a constructoras.
También deduce testimonio contra los encargados del bar Franky de Pamplona, que según la Guardia Civil giraba «facturas ficticias» a Acciona y funcionaría como «intermediario» para canalizar los pagos de esta constructora a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
En un auto dictado este viernes, el magistrado que investiga al exdirigente socialista Santos Cerdán, a Ábalos y a su exasesor Koldo García constata en un auto que no puede investigar a Pardo de Vera y a Herrero por no ser aforados y acuerda deducir testimonio a la Audiencia Nacional contra ambos.
Pardo de Vera ya se encuentra investigada en la Audiencia Nacional -que investiga una parte de la causa- por su presunta participación en la contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec de la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez.
El juez del Tribunal Supremo toma como referencia el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para apuntar a «indicios consistentes» de que ambos «hubieran podido prestar asistencia» al exministro de Transportes José Luis Ábalos a través de su entonces asesor, Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos «pudieran llegar a buen término».
ADIF y la Dirección General de Carreteras pudieron facilitar la adjudicación de contratos a la trama del PSOE comandada por Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García
Considera el magistrado que desde los cargos que ostentaban, en la presidencia de ADIF y la Dirección General de Carreteras, pudieron facilitar «la información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía».
Y aún cuando considera esas presuntas conductas como «instrumentales o accesorias a la finalidad esencial perseguida indiciariamente» por Ábalos, apunta que debe prevalecer el carácter excepcional de la extensión subjetiva del aforamiento y procede investigar estos hechos en la Audiencia Nacional, si así lo considera justificado el juzgado de instrucción.
Al juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le deduce testimonio para que si éste aprecia indicios de criminalidad les cite a declarar como investigados para analizar sus conductas en la «indebida adjudicación de obras» por parte de ADIF, un a empresa dependiente del Ministerio de Transportes dirigido ahora por Óscar Puente, y de la Dirección General de Carreteras.
Respecto a la operativa del bar Franky, a la que alude la UCO, el magistrado del Tribunal Supremo apunta a conductas «eventualmente delictivas» de los gestores del restaurante aunque «en este momento» no ve vínculo alguno entre estas conductas y Ábalos, por lo que traslada este extremo también a la Audiencia Nacional.
