La CEA rechaza la amnistía: ‘es incompatible para la inversión’

La Confederación de Empresarios de Andalucía ha manifestado su rechazo a la amnistía en su comunicado emitido este martes, tras una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo. Desde la organización advierten que podría provocar «un marco de incertidumbre incompatible con la confianza y la estabilidad que requiere la inversión». La CEA asegura que se siente «preocupada» por los acuerdos del gobierno en funciones con otros partidos con el objetivo de lograr la investidura del actual presidente, Pedro Sánchez.

Además de rechazar completamente la amnistía, en el comunicado han decidido reiterarse «en la defensa del Estado de Derecho» y de la igualdad entro todos los españoles. Para los empresarios de Andalucía, los acuerdos del gobierno socialista «suponen una ruptura de la separación de poderes y ponen en riesgo el orden constitucional y la convivencia de todos los españoles».

La amnistía supone una inseguridad jurídica pone en peligro la reputación social y empresarial de España

La Confederación tiene en cuenta la situación de los españoles a nivel internacional a causa de la amnistía en cuanto a que, «afectadas la reputación e imagen de España, ciudadanos y empresas se ven perjudicados por la inseguridad jurídica resultante, así como por la inestabilidad política, jurídica e institucional».

En su análisis, la CEA considera «especialmente alarmante» la amnistía, y añade que la estrategia del PSOE supone «la creación de un relato que parte de la impunidad de quienes sistemáticamente se han opuesto al Estado de Derecho, muchos de ellos a través, incluso, de la comisión de delitos y de la violencia».

Los empresarios andaluces arremeten contra las «concesiones» en la condonación de deuda, en materia de financiación autonómica o de «inversiones e infraestructuras para algunas comunidades que generarían privilegios para ciudadanos y empresas en unas partes de España y, a la vez, crearían una brecha insalvable con los ciudadanos y empresas españolas radicados en el resto del territorio».

Además, destacan la preocupación que supone que estos acuerdos afecten al ámbito de las relaciones laborales y que se «obvie» el cauce del diálogo social.