Las dos patronales mayoritarias del sector de la ingeniería privada en España, Tecniberia y Cíes (Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España), rechazan que las comunidades autónomas entren en el capital y en el consejo de administración de la ingeniería pública Ineco, que depende del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente. Ineco está presidida por Sergio Vázquez Torrón, una de las figuras clave del equipo de confianza de José Luis Ábalos, ahora imputado por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obra pública, ocupando el puesto de director de su Gabinete desde el inicio del mandato de Pedro Sánchez en 2018 y posteriormente secretario general de Infraestructuras.
El Gobierno autónomo de Canarias ha sido el primero en aprobar su entrada en el capital de la ingeniería pública, que pasa a ser considerada como medio propio de la administración pública de las islas, según indican en un comunicado ambas patronales.
Las ingenierías privadas insisten en que hay un uso abusivo de contratación con Ineco por parte de las administraciones públicas, incumpliendo la legislación con la adjudicación «a dedo», y sin concurso público, de numerosos contratos lo que afecta al interés general y la libre competencia.
Las adjudicaciones de obra pública a Ineco, «a dedo y sin concurso» afecta al interés general y la libre competencia, denuncian las dos principales patronales de ingeniería en España
Esta situación, han apuntado en su comunicado, se puede agravar si, como ya ha aprobado el Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas entran en el capital de Ineco y pasan a considerar a esta ingeniería pública como medio propio.
Según informó el Consejo de Gobierno, Canarias se incorporará al capital social de Ineco mediante la adquisición de una acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, en el marco de la ampliación de capital aprobada por la propia sociedad.
Esta operación dota a Canarias de los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las acciones actualmente en circulación y su consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, será el representante en el consejo de administración de la ingeniería pública.
Ambas asociaciones insisten en que la función de Ineco se refiere a los casos de suministros de bienes y servicios en situaciones excepcionales, recurriendo a capacidades propias (medios propios) en lugar de ir al mercado a través de concursos abiertos y transparentes que aseguran los procedimientos de concurrencia competitiva.
Dicha excepcionalidad viene determinada exclusivamente por tres circunstancias: razones de seguridad nacional, de urgencia y de mayor eficiencia por considerar que no existen proveedores alternativos en el sector privado, recalcan.
Fuera de estos tres escenarios, lamentan las patronales de ingeniería, la contratación a empresas públicas como Ineco provoca barreras de desarrollo a las empresas de capital privado y «socava y drena» una «muy considerable» carga de trabajo a las ingenierías privadas, dificultando su crecimiento y su robustez y rentabilidad.
