Las polémicas propuestas de Endesa e Iberdrola al Gobierno sobre el bono social

Las grandes eléctricas, como Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, exigen al Gobierno un registro único de consumidores. Endesa incluso propone eliminar el precio regulado, el más barato del mercado.

Estas eléctricas, a las que hay que sumar también a EDP, ha exigido al Gobierno una definición «uniforme, reglada y de aplicación en todo el territorio español», por lo que se romperían los centenares de convenios firmados con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para evitar los cortes de luz a consumidores en situación vulnerable.

De hecho, Endesa que se jactaba en su informe de sostenibilidad de firmar numerosos convenios con Ayuntamientos, ha pedido que se deroguen todas las normas locales y autonómicas «sean o no compatibles con lo establecido en el conjunto de España, para evitar interpretaciones y aplicaciones particulares», según recoge CincoDías.

La empresa presidida por Borja Prado ha rechazado, además, «una asignación automática del bono social por parte de las comercializadoras». Asimismo, también insinúan que estas comercializadoras no deben tener sanción ni responsabilidad alguna sobre el tratamiento de datos «sensibles», ya que tendrían en su poder cifras como la declaración de la renta, información médica o bien su nivel social. Entre sus medidas, plantea que el umbral que da derecho al PVPC (ahora en 10 kW), precio al que están acogidos 12 millones de consumidores -la mitad de todo el sistema-. Endesa argumenta que el PVPC “es una oferta más atractiva” para el consumidor, lo que «dificulta la liberalización del mercado». Pide igualmente, que se permita a las comercializadoras independientes ser suministradoras de referencia y ofrecer el bono social.

Cabe recordar que Endesa es la más afectada, junto a Gas Natural Fenosa, de las leyes sobre pobreza energética en Cataluña. A su juicio, la normativa catalana se inmiscuye en el «proceso de cortes de suministro en las ayudas que reciben los clientes vulnerables y su financiación». Asimismo, se exige que sea la Administración quien acredite la vulnerabilidad de los consumidores.

El nuevo bono social se ha reorganizado de tal forma que las familias numerosas que estén acogidas ahora podrían quedar fuera. Se espera que se apruebe lo antes posible, previsiblemente en junio, según afirmó el Gobierno.

Endesa exige que se diferencien entre consumidores vulnerables y los vulnerables severos. Los primeros son los que tienen derecho a un descuento del 25% en la factura, mientras que los segundos no sufrirán cortes de luz. Según la eléctrica, este registro debería llevarlo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se nutriría de los datos de los servicios sociales. A este registro accederían las comercializadoras, para evitar casos como el de cambiar un contrato sin permiso, recibiendo duras sanciones por parte del organismo.

Además, Endesa pide un bono social basado en más criterios frente al único de la renta. En este sentido, Endesa ha asegurado que se «dispararía el número de beneficiarios, muchos de los cuales no lo necesitarían». De esta forma, las familias numerosas acogidas al bono social de Zapataro perderían esta condición, tal y como ya ha propuesto el Gobierno.

Por otro lado, Endesa ha exigido una reducción de la potencia una vez se ha procedido a cortar el suministro, por lo que el consumidor vería afectado el uso de electrodomésticos, ya que solo tendría 1 kw frente a los 4,4 kw exigidos para enchufar al mismo tiempo tres electrodomésticos, nevera incluida. Estos consumidores, a juicio de Endesa, deberían pagar el término de potencia durante el periodo de interrupción. También ha pedido una rebaja del IVA, actualmente al 21%, para los consumidores vulnerables.

Iberdrola, por su lado, considera que los servicios sociales deberían llevar a cabo el registro de los consumidores vulnerables, ya que son los propios consumidores quienes deben socilicitarlo. Una vez comprobado estos datos, se les dará de alta como tales en los registros públicos de cada comunidad autónoma.

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán cree conveniente introducir varios descuentos en el bono social, en función de la situación de si se trata de un consumidor vulnerable o en vulnerabilidad severa. En cuanto a la potencia, Iberdrola apunta: «La solicitud del bono social, tanto básico como severo, supondrá la aceptación de un límite de potencia contratada, que corresponda a un equipamiento básico de la vivienda».

Según Iberdrola, el bono social tiene que cubrir la diferencia entre el Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) y un valor base hasta un determinado consumo. El resto, se facturaría a PVPC, es decir la más baja del mercado.

En cuanto a la financiación del bono social, Iberdrola cree que debería correr a cuenta de los Presupuestos, y no del actual sistema de financiación, que corre a cuenta de las comercializadoras. Además, EDP y Gas Natural han pedido al limitar estos costes en un decreto ley.

Respecto a los cortes de luz a los vulnerables severos, Iberdrola apela al registro y a una advertencia clara al cliente para que acuda a los servicios sociales. Endesa ha afirmado que hay varios usuarios que no han acudido a servicios sociales, por lo que no estaban en el registro.