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Las querellas contra Banco Popular se centran en la JUR, Frob y Saracho

Las querellas contra Banco Popular se centran en la JUR, Frob y Saracho

20 julio, 2017
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Actualizado: 20 julio, 2017 9:49
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Las querellas y demandas contra la resolución de Banco Popular presentadas ante la Audiencia Nacional y el TJUE se centran en el Frob, cuyo máximo responsable es el Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, la Junta Única de Resolución, y la ex cúpula de Banco Popular, así como al auditor de sus cuentas, PWC.

Las querellas y demandas no se centran en Banco Santander, ya que los abogados entienden que el asunto radica en cómo se realizó la resolución, previa a la venta de Banco Popular a Banco Santander por el precio simbólico de un euro. En caso de que haya responsabilidad civil, cabe recordar que la entidad cántabra aún no tiene en su perímetro Banco Popular, aunque sí tiene permiso de Bruselas para efectuar diversas operaciones, como la venta de activos inmobiliarios y otros productos tóxicos.

Hasta ahora hay un numeroso reguero de querellas, la última presentada por el despacho de abogados Navas & Cusí, en representación de accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles del Banco Popular, ha presentado un recurso ante el panel de recursos la Junta Única de Resolución (JUR) por su decisión de resolver la entidad española. «Lo hacemos en nombre de accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles y deuda subordinada que de la noche a la mañana perdieron el 100% de su inversión sin motivo ni explicación alguna, claros perjudicados por la decisión de la JUR», ha indicado el director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.

El despacho especializado en derecho bancario, financiero y de la UE presentó el recurso este miércoles, el último día del plazo de seis semanas desde la resolución. Si fuese desestimado o la JUR no contestara en el plazo de un mes, se abriría paso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo «donde la jurisprudencia es muy amplia», indicó el bufete, que ha criticado la falta de transparencia del organismo comunitario por no desvelar el informe de Deloitte, clave en la resolución

«La drástica y controvertida decisión se tomó sobre la base de un informe de Deloitte que la JUR se niega a hacer público», denunció Navas en el comunicado, para recordar que esa institución tiene «obligación de motivar y hacer públicos los informes que justifican sus decisiones», según el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR).  De hecho, consideró que se ha producido «un manifiesto incumplimiento» de las obligaciones de la JUR «que sugiere irregularidades que podrían llevar a la declaración de nulidad de la decisión».

Si se reconociera la nulidad de la resolución, la Junta Única de Resolución debería dictar una segunda. El bufete agregó que el recurso debería haber sido presentado por el anterior consejo de administración del Popular. «No lo hicieron porque no parecían estar interesados en presentarlo y menos en que fuera admitido a trámite», declaró Navas, para a continuación afirmar que tampoco lo está el del Banco Santander, nuevo propietario de la entidad.

Navas & Cusí subrayó que el recurso ante la JUR se presenta «sin perjuicio del pertinente contencioso-administrativo frente al Frob», cuyo plazo finaliza el próximo 7 de agosto.

Por su parte, Asufin presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra la ex cúpula del Banco, con Emilio Saracho al frente, contra su antecesor en el cargo, Ángel Ron, y contra PwC. La querella imputa hasta cuatro delitos cometidos: fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

Pero en las últimas seis semanas y media desde aquella fatídica noche del 6 al 7 de junio, cuando los 305.000 accionistas junto con los bonistas de deuda subordinada perdieron toda inversión en Banco Popular, se han registrado otras querellas. Durán & Durán Abogados presentó la primera denuncia penal contra Saracho por administración deseleal, al tiempo que pide la investigación sobre el mandato dado a JP Morgan para buscar compradores para Banco Popular.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, acudió a los tribunales como representante de 9.500 accionistas minoritarios de Banco Popular contra la ex cúpula presidida por Ángel Ron. También se señalaba a Pedro Larena, ex consejero delegado y al ex vicepresidente Roberto Higuera. La auditora PwC está acusada de falsedad contable y estafa de inversores.

La Aemec, con el 3% del capital de Banco Popular, contactó con Cremades & Calvo-Sotelo para iniciar la querella contra Emilio Saracho y el ex consejero Antonio del Valle, y contra Reyes Calderón, ex consejera de la entidad, alineada con los socios mejicanos. Asimismo, se estudia aún si se actúa contra el Frob y contra la JUR.

La Aemec quiere que se investigue la misteriosa caída del valor desde que Saracho fue nombrado presidente, que coincide en el tiempo con el aumento de las posiciones bajistas en el valor. De hecho, en octubre de 2016, cuando todavía no se hablaba del relevo del Ron, las posiciones bajistas en el Popular eran sólo del 6%. Cuando se supo que Saracho iba a ser presidente aumentaron mes tras mes hasta el 12% del capital en mayo -último dato recogido en la CNMV-.

La plataforma de Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, que perdió un total de 45 millones de euros con la resolución, suma unos 135 millones de euros de 4.500 accionistas minoritarios. Aún no se ha interpuesto la querella, ya que están ultimando la misma. En un principio se espera que sea contra Ron, Saracho y PwC.

A estas querellas en la Audiencia Nacional se sumarían las que se están preparando contra el Frob europeo y la JUR. Al ser organismos europeos tendrán que interponerse ante el TJUE. Fondos liderados por Pimco y que poseen 825 millones en deuda subordinada apuntan directamente a la Junta Única de Resolución por el caso Banco Popular, ya que a su juicio no se ha realizado con arreglo a la ley y con una clara falta de transparencia, más cuando no se ha dado a conocer aún el polémico informe de Deloitte, un estudio en el que se basó la decisión de liquidar Banco Popular y venderlo después a Banco Santander, que ya ha ofrecido a los accionistas que tienen sus acciones en la entidad cántabra o en Banco Popular y sus filiales una solución de canje para quienes aún posean acciones de la ampliación de Banco Popular en 2016.

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