‘Pánico, ‘psicosis’, ‘acecho’, hablan víctimas del excomisario Villarejo, que trabajó para BBVA, Iberdrola y Repsol

Varios perjudicados de uno de los tres presuntos proyectos de espionaje por los que está siendo juzgado el excomisario José Manuel Villarejo han denunciado que se sintieron «acechados» tras abandonar su empresa para irse a la competencia y que llegaron a sufrir seguimientos por parte de detectives. El excomisario Villarejo, siendo policía en activo, trabajó para numerosas empresas, entre las que destacan del IBEX 35, BBVA, cuyo expresidente Francisco González está imputado, Ibedrdola, también con la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, así como Antonio Brufau, presidente de Repsol.

El caso Villerejo, donde también está siendo investigadas otras grandes empresas no cotizadas, como la Mutua Madrileña o el Grupo Plantea, propietario de Atresmedida, con sus dos principales cadenas de televisión, Antena 3 y la Sexta, continúa. La Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles una nueva jornada del juicio del caso Tándem con la declaración de tres socios del despacho de abogados Balder IP Law que presuntamente fueron espiados e investigados por Cenyt, empresa tras la que se encuentra Villarejo, por encargo de otro bufete, Herrero&Asociados, que éstos abandonaron para constituir el anterior.

«Auténtica incertidumbre», «pánico», «cierta psicosis» y el sentimiento de que estaban «siendo acechados» es lo que han dicho sentir estos testigos hasta el punto de que llegaron a encargar un barrido en el despacho ante el temor de que tuviesen micrófonos.

Han asegurado que se sienten «tremendamente» perjudicados y uno de ellos ha relatado que llegó a sufrir seguimientos por parte de detectives en la puerta de su casa.

A preguntas de la Fiscalía, han ido reconociendo como veraces los datos sobre su nuevo bufete -extractos bancarios, información de clientes, datos de facturación o números de teléfono personales, por ejemplo- que habrían acabado en poder de la empresa de Villarejo y que, según ellos, no eran de acceso público, aunque más tarde a preguntas de una defensa un testigo ha admitido que algún dato podía obtenerse de fuentes abiertas.

Una de las socias que fundó Balder IP Law ha relatado que un día recibió una «visita rarísima» de una persona que se identificó como Javier Hidalgo y que le preguntó por información acerca del despacho; más tarde, con esta causa abierta, se enteró de que era Rafael Redondo, presunto socio de Villarejo y también acusado, y que esa conversación fue grabada.

«Es un daño moral tremendo (…) Ha sido muy desagradable», ha resumido a la pregunta de si se siente perjudicada; «hemos estado en boca de todos en la profesión (…) No sabemos los clientes que hemos dejado de perder porque esta gente haya podido acceder a nuestros datos personales», ha indicado otro socio; «sentirte seguido, vigilado y espiado (…) nunca es una cosa agradable», ha dicho un tercero.

Uno de ellos también ha contado que en 2013 Herrero presentó una demanda arbitral con la que solicitaba 6,7 millones de euros a los socios que se fueron a la competencia, y que el árbitro consideró que habían incumplido el deber de no concurrencia y que se había generado un daño a Herrero&Asociados de unos 460.000 euros.

Este proyecto que se juzga, denominado Iron, nació tras la salida de Herrero&Asociados en 2012 de varios miembros para fundar Balder IP Law, llevándose una «elevada cartera de sus clientes», y consistía en acceder «ilícitamente» a datos reservados de esta nueva firma y de sus fundadores para nutrir una denuncia que después Villarejo se encargaría de impulsar valiéndose de sus contactos, según la tesis de la Fiscalía.