La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido este viernes que el transporte ferroviario debe gestionarse de manera íntegra desde lo público y ha pedido “repensar” la privatización del sector tras el reciente accidente en Adamuz (Córdoba), al considerar que la seguridad del ferrocarril “no puede ponerse en riesgo”. Sin embargo, de una u otra forma, el que ha puesto en riesgo la seguridad del ferrocarril en España es el gestor público Adif, que depende del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente. La CIAF lo deja claro: todo apunta a una fractura en la via, responsabilidad de Adif, empresa pública, y no en el tren de Iryo, empresa privada.
Lo mismo ocurre con Rodalies o Renfe, que son los que más incidencias tienen: son empresas públicas, con gestores públicos, cuyos responsables quedan nombrados desde la órbita política por sus méritos en sus distintos partidos y no por sus conocimientos o formación técnica o profesional. Una de dos; o Belarra es una indocumentada o intenta manipular la verdad para defender un sector público que no funciona y lo que es más grave que pone en riesgo a diario la vida de las personas.
Belarra ha realizado estas declaraciones en Zaragoza durante el inicio de la campaña de Podemos para las elecciones aragonesas del 8 de febrero, en un acto junto a la candidata autonómica de la formación, María Goikoetxea.
Una de dos; o Belarra es una indocumentada o intenta manipular la verdad para defender un sector público que no funciona y lo que es más grave que pone en riesgo a diario la vida de las personas
La dirigente de Podemos ha subrayado como “imprescindible poner en el centro a las víctimas y a sus familias” y ha reclamado mayor rapidez para aclarar las causas, ya que la falta de explicaciones genera “una enorme inseguridad” en los servicios públicos y, en especial, en el sector ferroviario.
En este contexto, ha recordado que Podemos lleva “muchísimo tiempo alertando de los riesgos de la privatización del ferrocarril” y ha señalado que la hemeroteca demuestra que su formación se opuso desde el inicio a ese modelo. “No estábamos dispuestas a correr ese riesgo”, ha afirmado.
El transporte público es “un derecho” de toda la ciudadanía, ha defendido, que debe estar garantizado desde lo público, de tal forma que ha insistido en que “el dinero público tiene que ir para lo público”, en referencia a la sanidad, la educación y una Renfe de titularidad pública.
Y como no, el ataque a la «derecha» y a la «ultraderecha». Ha advertido además de que la incertidumbre generada tras el accidente queda “utilizada” por la derecha y la extrema derecha para obtener rédito político, y ha reclamado “justicia, verdad y reparación” como respuesta frente a la inseguridad.
