Petroleras y gasistas piden que se graven los incrementos superiores al 40% del beneficio y no del 20%

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de los problemas que puede ocasionar en la transición energética el nuevo impuesto que ha planteado Bruselas para gravar los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas, si no se establecen «reglas de juego uniformes» en toda la Unión Europea (UE). Piden que ese gravamen sea sobre un incremento superior al 40% de los beneficios y no sobre el 20% como es ahora el objetivo. España tendrá que cambiar radicalmente su idea final, que pretendía gravar no beneficios, sino ingresos, independientemente de los resultados de la compañía.

Según ha explicado este martes en un comunicado, la AOP ha trasladado por carta al presidente del Gobierno y a las ministras de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Industria, Comercio y Turismo; y Hacienda, las propuestas de FuelsEurope, la patronal europea del refino, sobre el gravamen.

En este sentido, el impuesto propuesto por la Comisión Europea, que se terminará de definir en el Consejo extraordinario de ministros de Energía que se celebrará este viernes, sería un gravamen del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas, definido como toda aquella ganancia un 20 % superior a la media de los tres años anteriores.

Gravar por encima del 40% de incremento del beneficio, no del 20%

Sin embargo, los Estados miembros valoran ahora permitir impuestos nacionales «equivalentes» siempre que persigan los mismos objetivos y recauden «al menos» lo esperado con la iniciativa de Bruselas.

Para unificar criterios en toda la UE, la AOP solicita que el cálculo de beneficios a los efectos de este gravamen tenga en cuenta las pérdidas extraordinarias incurridas en años precedentes, como consecuencia de la crisis sanitaria.

Asimismo, reclama aumentar hasta el 40 % el porcentaje que se considera como beneficio extraordinario, teniendo en cuenta los «beneficios cíclicos y vinculados a precios internacionales en mercados globales» que suele registrar el sector.

Por último, pide que la carga conjunta del gravamen con los impuestos sobre sociedades de cada país no sea «confiscatoria» y exceda el 40 %, y se incluyan incentivos a la inversión.