El Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, se aferrar a la decisión de tribunal israelí para no hacer frente al pago se 470 millones de euros a las eléctricas NextEra y 9REN en Estados Unidos. En su escrito al Tribunal Supremo de EE. UU., España insiste en que, si el derecho internacional es válido, NextEra y 9REN omitieron mencionar que un tribunal israelí acaba de negarse a hacer cumplir un laudo del Ciadi, la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalan a EFE que este paso es una muestra de que España «sigue defendiendo los intereses nacionales en todas las instancias frente a las reclamaciones» contra el Estado por los recortes a las renovables. Eso si, su mejor apoyo es un tribunal israelí, un país al que Sánchez le tiene declarada la ‘guerra’ y al que llama genocida, aunque sin presentar pruebas a la Corte Penal Internacional (CPI), y sobre el que ha decretado un embargo, mientras su socio de Gobierno Sumar pide romper las relaciones diplomáticas con la nación judia.
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Mientras tanto, el Tribunal Supremo de EE. UU. ha solicitado al procurador general de aquel país que se pronuncie acerca de la ejecución de esos laudos arbitrales que condenaron a España a compensaciones millonarias por el recorte de las primas de las energías renovables de hace una década.
Según consta en la sección dedicada al procedimiento, disponible en la página web de la institución, el Tribunal Supremo ha invitado al procurador general -uno de los funcionarios de mayor rango del Ministerio de Justicia del país- a presentar un informe en este caso expresando la visión al respecto de EE. UU.
La decisión, adoptada el pasado 6 de octubre, llega días después de que España presentara una serie de alegaciones en las que cuestionaba los argumentos de la eléctrica estadounidense NextEra, la mayor del mundo por capitalización bursátil; y de la italiana 9REN, especializada en renovables.
Estas compañías advirtieron a la Justicia de EE. UU. de que el Tribunal Federal de Australia había rechazado los argumentos de inmunidad soberana presentados por el Estado español y había avalado íntegramente sus reclamaciones, así como las de RREEF y Watkins.
El importe total de esos cuatro laudos rondaba los 470 millones de euros, tal como han informado recientemente fuentes próximas a dicho procedimiento.
En su escrito al Tribunal Supremo de EE. UU., España insiste en que, si el derecho internacional es válido, NextEra y 9REN omitieron mencionar que un tribunal israelí acaba de negarse a hacer cumplir un laudo del Ciadi, la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington.
Sara Aagesen recurre a un sentencia favorable de un tribunal israelí
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalan a EFE que este paso es una muestra de que España «sigue defendiendo los intereses nacionales en todas las instancias frente a las reclamaciones» contra el Estado por los recortes a las renovables.
Las reclamaciones obedecen a la reducción de la rentabilidad aprobada por el Gobierno español en 2013 para la mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, que se había disparado tras conceder Zapatero una prima fija de rentabilidad del 7% a ese tipo de energía en 2007.
En los últimos meses, el Tribunal de Distrito de Columbia ha dictado distintas resoluciones que confirmaban laudos arbitrales contrarios a España, como el de NextEra, uno de los más sonados, que alcanza los 291 millones de euros.
Ese fallo se suma a otras cinco decisiones recientes, a través de las cuales la justicia estadounidense ha reconocido los laudos de los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones) e Infrared (35 millones).
El caso que involucra a la compañía luxemburguesa Antin es de los más polémicos, ya que en marzo pasado la Comisión Europea (CE) declaró ilegal el laudo al entenderlo como una ayuda de Estado incompatible con las reglas comunitarias y ordenó a España que no lo pagara.
Bruselas, en contra de los laudos
En opinión de Bruselas, el arbitraje dentro de la propia UE para resolver disputas entre Estados e inversores viola reglas comunitarias fundamentales sobre la jurisdicción última que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el principio del ordenamiento jurídico de la región.
Desde el Ministerio explican que sólo hay cuatro procedimientos arbitrales iniciados por inversores extracomunitarios, no sujetos al derecho europeo. Todos cuentan con laudo, con indemnizaciones por 167 millones.
Conforme a sus datos, España ha reducido en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales, de 10.635 millones de euros.
