El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas.
Se da la circunstancia que Sidenor es la empresa pantalla que usa el Gobierno vasco de PNV-PSOE para hacerse con el control de Talgo, eso sí, con los millones de euros que tendrá que aportar la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi). El Gobierno vasco también participa accionarialmente con otra empresa ferroviaria vasca, CAF, con contratos con Israel. Incluso esta última compañía sale en el último informe de la ONU como empresa colaboracionista del país israelita, considerado en España por el presidente Sánchez como «genocida», una acusación que repiten como coro bien afinado toda su cohorte de ministras y ministros.
Sidenor, el socio del Gobierno vasco y la Sepi, en la compra de Talgo, actuó con pleno conocimiento de que su acero se utilizaría para fabricar armas en Israel, según la Audiencia Nacional
Según informa la Audiencia Nacional, el juez considera que los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a utilizarse para fabricar armamento.
El magistrado, que este viernes ha levantado el secreto de las actuaciones, apunta que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.
Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han quedado citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
