El constructor ferroviario Talgo presenta este próximo martes, 30 de septiembre, sus resultados del primer semestre, que inicialmente se iban a publicar el 1 de agosto, una vez sometidos a una revisión «limitada» por parte de auditores externos en el marco de la ampliación de capital que planea para dar solidez a su balance.
Talgo, tras vetar el Gobierno de la mano del ministro de Transportes, Óscar Puente, la opa de Ganz Mavag a cinco euros la acción y por el 100% del capital, iba a pasar, según palabras del propio lehendakari Imanol Pradales, que sustenta su gobierno en una coalición PNV-PSOE, el pasado mes de febrero «a manos vascas», defendiendo la operación del Gobierno de Sánchez para brindarle el control de una empresa privada y cotizada en Bolsa comprando menos del 30% del capital a Trilantic con Sidenor como empresa escaparate. Pradales va tan rápido que ya ha organizado y pactado con Sánchez el cambio de la sede social Talgo desde Las Rozas, en Madrid, a Álava.
La acción de Talgo, a 2,78 euros, frente a los cinco que ofreció Ganz Mavag en su opa
Siete meses después y que pese a que la Sociedad de Participaciones Industriales (Sepi) está dispuesta a que esa operación se lleve a cabo por orden de Sánchez, la venta sigue sin producirse. Mientras tanto, Talgo cotiza en Bolsa a 2,78 euros, casi la mitad de lo que ofrecía a todos los accionistas la húngara Ganz Mavag.
La compañía informó el pasado 30 de julio a la CNMV de este aplazamiento en la presentación de resultados, que respeta el plazo legal establecido, ya que las cuentas semestrales de las sociedades cotizadas deben presentarse antes del fin del trimestre siguiente, que concluye justamente el martes.
Talgo explicó en su día que quiere asegurar que sus estados financieros intermedios reflejan «de forma fiel y contrastada la situación económico-financiera de la sociedad en un momento especialmente relevante».
Un día antes del anuncio de aplazamiento, el Consejo de Ministros autorizó la entrada de la SEPI en el capital de Talgo, mediante una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía (45 millones de euros, a 4,25 euros por acción) y la suscripción de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 30 millones, con lo que su aportación total sumará 75 millones.
El desembarco previsto del Gobierno vasco en Talgo es posible gracias a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), aunque el lehendakari Pradales presume de que quedará bajo control de ‘manos vascas’
Además de la entrada de SEPI, Talgo emitirá obligaciones convertibles en acciones por otros 75 millones, que suscribirán un grupo de inversores vascos: Ekarpen (en el que participan el Gobierno vasco, Kutxabank, las diputaciones forales y Mondragón), el grupo Clerbil, del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y las fundaciones de las cajas BBK y Vital.
El acuerdo aprobado por el Gobierno establece también como condición para su entrada en el capital la aprobación por las entidades financieras de una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos.
Todas estas acciones deben ser sometidas a aprobación de una junta extraordinaria de accionistas, que todavía no ha sido convocada.
Esta nueva estructura de capital despeja el camino para concluir la compra del 29,8 % de Talgo por parte de un consorcio vasco liderado por Jainaga, en el que participan también el fondo público Finkatuz y las fundaciones de las Cajas BBK y Vital, a la sociedad instrumental Pegaso (el fondo Trilantic y la familia Oriol).
Puente veto cualquier operación que no fuera la encabezada por el Gobierno vasco
Talgo lleva más de un año inmersa en un proceso de cambio del accionariado, siempre con la oposición del Ministerio de Transporte dirigido por Óscar Puente. Una primera opa de la compañía húngara Magyar Wagon, del Ganz Mavag, que beneficiaba a todos los accionistas quedó vetada por el Gobierno español en agosto de 2024 alegando razones de seguridad nacional y relaciones de la compañía con capital ruso. Ese veto está recurrido en el Tribunal Supremo por el grupo húngaro.
Otras empresas, como la polaca Pesa o la india Jupiter Wagons también mostraron su interés por el fabricante con sede en Las Rozas (Madrid), pero el Gobierno, y especialmente el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendieron siempre una operación con capital nacional, con Padrales, más que dinero español lo considera «vasco», pese a que sea la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) es la pieza clave para desenredar esta operación ante la falta de dinero y músculo financiero suficiente tanto del Ejecutivo vasco como de Sidenor.
