Talgo ha anunciado el envío de una orden de ingreso para el pago de 116 millones de euros a Renfe por retrasos en la entrega de los trenes correspondientes del proyecto S-106 (Avril), al tiempo que insiste en la improcedencia de las penalizaciones impuestas por la operadora ferroviaria pública.
El grupo ha confirmado en un comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Renfe ha iniciado un expediente de penalizaciones, aplicándole una sanción por la cantidad señalada.
Talgo reafirma la improcedencia de las penalizaciones impuestas por Renfe
Asimismo, Talgo ha informado de que, tras realizar un análisis exhaustivo de la situación, ha procedido a remitir una contestación formal a Renfe en la que reafirma la improcedencia de las penalizaciones impuestas y aporta nuevos argumentos y justificaciones que refuerzan la validez y suficiencia de las razones previamente presentadas.
Además, aporta nuevos argumentos y justificaciones que refuerzan la validez y suficiencia de las razones previamente presentadas.
Talgo ha reiterado «su compromiso con la protección de los intereses de todos sus empleados, clientes, accionistas y demás grupos de interés y continuará adoptando todas las medidas legales necesarias para ello».
Los trenes Avril entraron en funcionamiento en mayo pasado, dos años y medio después de la fecha acordada en el contrato.
La reclamación de los 116 millones de euros supone la ejecución de la penalización recogida en el contrato firmado por las dos compañías y está respaldada por un informe jurídico que señala que la ferroviaria pública está obligada a ejecutar esas penalizaciones.
Renfe reclama a Talgo otros 50 millones
Además de esa cantidad, Renfe anunció otra reclamación por 50 millones de euros por el lucro cesante derivado de las demoras en la puesta en servicio, que se sustanciará más tarde y otros 80.000 euros diarios a partir del 1 de abril hasta la entrega de los trenes, que se produjo a finales de mes.
Pero ahora, de momento, en una carta enviada a Talgo, lo que se exige son los 116 millones, señalando que las argumentaciones del fabricante para explicar los retrasos en la entrega no justifican tales demoras en la fabricación de los S106.
Talgo siempre ha atribuido a causas «de fuerza mayor» y «exógenas» a la compañía las dilaciones en la fabricación, entre ellas, caídas en la producción e interferencias en la cadena de suministro generadas por la covid-19 y otros eventos geopolíticos.
Las demoras son atribuibles a la propia constructora, que no ha demostrado que los hechos que define como «de fuerza mayor» provocaran la paralización o ralentización en la producción de los trenes, según fuentes de Renfe.
El 20 % del valor del contrato
El contrato establecía que las penalizaciones no pueden superar el 20 % del valor del contrato. En 2016, Renfe adjudicó a Talgo por 1.281 millones de euros la construcción de 30 trenes de alta velocidad, importe que se eleva a 1.491 millones incluido el mantenimiento.
Los trenes debían haber sido entregados inicialmente a partir de enero de 2021 para entrar en servicio aquel verano en los enlaces entre Madrid, Galicia y Asturias, aunque, tras varias modificaciones solicitadas por Renfe, la fecha pasó a julio de 2022.
Finalmente, el fabricante empezó a entregar los S106 en abril de este año, con dos años de demora, y su circulación por la red ferroviaria se inició el pasado 21 de mayo.
Desde su puesta en circulación, los nuevos trenes sufrieron múltiples averías y provocaron importantes retrasos, especialmente durante los meses de verano.
Esta reclamación se produce con Talgo inmersa en un proceso de compra que arrancó con una opa del grupo húngaro Magyar Vagon en marzo pasado, que el Gobierno prohibió en agosto alegando razones de seguridad, y que ofrecía 5 euros por acción y valoraba la compañía en 620 millones de euros.
Ahora el tablero está abierto, con una oferta del grupo vasco Sidenor, para comprar una participación del 29,9 %, con un precio inferior a los 5 euros, que negocia con el principal accionista de Talgo, el fondo Trilantic, sindicado hasta final de año con las participaciones de la familia Abelló y parte de los fundadores de la compañía, que en conjunto suman el 40 % del capital.
