Transición Ecológica ya prepara la ‘demolición’ de la planta de Ence en Pontevedra
Trabajadores directos, de empresas auxiliares, transportistas y forestales de las fábricas de Ence en una protesta en Madrid en 2019 contra el cierre de la planta de Pontevedra por la actitud tomada por el PSOE de Pedro Sánchez. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Transición Ecológica ya prepara la ‘demolición’ de la planta de Ence en Pontevedra

19 octubre, 2021
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Actualizado: 19 octubre, 2021 17:32
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El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, tras condenar a la papelera a su cierre en Pontevedra planteará ahora a Ence una salida «ordenada» y un calendario «razonable» de demolición de su fábrica de Pontevedra si el Tribunal Supremo otorga firmeza a las sentencias que han anulado su prórroga.

La tercera de estas sentencias, emitidas por la Audiencia Nacional, se ha conocido este martes y atiende el recurso presentado por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) contra la autorización otorgada a la pastera para ocupar terrenos de Costas hasta 2073.

Fuentes del ministerio han confirmado a Efe que el nuevo fallo conlleva que, de adquirir firmeza los dictámenes de la Audiencia Nacional, Ence «carecerá de título» para que esta fábrica ocupe terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

«Puesto que la sentencia anula la prórroga y cierra la puerta a que se tramite de nuevo, lo que procede es que el ministerio se pronuncie sobre el destino de las instalaciones, previamente a la reversión de los terrenos al Estado», señalan desde Transición Ecológica.

Dentro de este destino, el Gobierno equipara Ence a lo que ha sucedido con la fábrica electroquímica Elnosa, que compartía el mismo complejo industrial en Pontevedra y de la que apuntan que «está siendo actualmente demolida sin incidencias».

El Ejecutivo central recuerda que «ha quedado probado» que la fábrica de Ence «no requiere» situarse en terrenos de Costas y puede tener otra ubicación, «como lo prueba el hecho de que ésta es la única fábrica de celulosa de España que está en dominio público marítimo-terrestre».

Estas sentencias respaldan además, según celebra el Gobierno, el allanamiento del Abogado del Estado que «no infringe el ordenamiento jurídico» y es conforme a derecho.

Este tercer fallo judicial contra Ence es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y el Estado, debido a que se ha allanado en este procedimiento, no la recurrirá. 

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