El Gobierno propone una inversión de 13.590 millones de euros en las redes de transporte de electricidad (alta tensión) de aquí a 2030, una cuantía un 65 % superior a la prevista en la planificación actual (2021-2026) y que multiplica hasta por 14 la capacidad de la red. Este anuncio llega después de una dura advertencia de las eléctricas sobre la saturación de la red y de los centros de datos, que afirman que el Ejecutivo de Sánchez gestiona «la economía del siglo XXI con infraestructuras del XX». Ese anuncio del Ejecutivo de Sánchez deja en muy mal lugar a la ministra Sara Aagesen.
Respondió al comunicado de las eléctricas afirmando que desde 2020 se ha otorgado acceso a la red eléctrica a peticiones suficientes para duplicar el consumo nacional y que se han otorgado 43 gigavatios (GW) de capacidad para nuevas demandas de energía, lo que equivaldría a otra España entera de demanda eléctrica.
En estas peticiones de capacidad se incluyen 12 GW de centros de procesamiento de datos; 11,3 GW de proyectos industriales; 6 GW de planeamientos industriales; 3 GW para hidrógeno y 2,3 GW para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.
Aagesen defendió el pasado 9 de septiembre la capacidad actual de la red eléctrica española, que «equivale a otra España entera de demanda», algo que no comparten las empresas del sector. Tres días después, la ministra anuncia una inversión de 13.590 millones
Las solicitudes de acceso -para las que se pide un aval- no requieren necesariamente que el proyecto en cuestión finalmente se lleve a cabo, porque, por ejemplo, en los centros de datos, además de la conexión, se necesita un espacio y acceso a grandes cantidades de agua para la refrigeración de servidores y equipos de red.
Para contextualizar estas cifras, según el Ministerio de Aagesen, la estrategia de inteligencia artificial del Gobierno, actualizada en 2024, contempla el despliegue sostenible de centros de procesamientos de datos (CPD) con una potencia de computación acumulada de 2.500 MW para 2030, equivalentes a unos 4.000 MW de potencia eléctrica.
Por tanto, estas peticiones de 12 GW supondrían triplicar los objetivos de esta estrategia si todas las peticiones de acceso a red acabaran materializándose.
Pues parece que lo dicho el martes 9 de septiembre, no vale el viernes 12 de septiembre. Y así lo reconoce el propio Gobierno anunciando nuevas inversiones por parte de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tres días después de que las eléctricas dijeran que el 83,4 % de los nudos de la red de distribución eléctrica (la parte de la red que gestionan Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) están saturados, y que ella lo negara. Iberdrola va más lejos y asegura que en su caso tiene el 92% «copado».
Las eléctricas y los centros de datos advierten de la falta de redes en España para atender la demanda
Con la propuesta presentada este viernes por Aagesen -la ha elaborado en tres días, algo que no parece muy serio, cuando casi cinco meses después aún no se saben las causas del gran apagón sufrido por España el pasado 28 de abril- para la planificación de la red de alta tensión entre 2025-2030, que ahora saldrá a información pública, se dispara la inversión prevista para la parte de la red que gestiona Red Eléctrica, que mantiene un gran pulso con las eléctricas, que no es lo más aconsejable en unas negociaciones.
«Hoy presentamos un nuevo marco para desarrollar una red eléctrica moderna que nos permita seguir electrificando nuestra economía, una oportunidad país”, ha explicado Aagesen sobre una propuesta que el sector llevaba meses esperando y que implica una fuerte subida en las inversiones que debería acometer Red Eléctrica.
La propuesta está orientada a anticipar el despliegue de infraestructuras, impulsar proyectos de descarbonización y reforzar la competitividad de la factura eléctrica. «España requiere abordar el cambio climático desde la unidad y la coordinación, aunando esfuerzos ante el mayor reto que tenemos por delante”, ha dicho la ministra, que ha apelado a alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Según el Gobierno, el refuerzo de las redes contribuirá a mantener precios competitivos de la electricidad y a seguir atrayendo proyectos industriales. Según cálculos del Ejecutivo, cada millón de euros invertido en redes genera un impacto de 1,27 millones en valor añadido bruto y un multiplicador de 20 en la creación de empleo.
Demanda en aumento y más peso industrial
El plan plantea multiplicar por 14 la capacidad de acceso a la red de transporte para nuevos consumidores, hasta 27,7 gigavatios (GW), frente a los 2 GW de la planificación vigente. Este crecimiento refleja el aumento de solicitudes de demanda energética, que representan ya el 41 % del total, con más de 7.000 peticiones, frente al 40 % de generación y el 19 % de almacenamiento.
De la nueva demanda, 9 GW se destinarán a proyectos industriales, 13,1 GW a producción de hidrógeno verde, 3,8 GW a centros de datos, 1,8 GW a desarrollos residenciales y 560 megavatios (MW) a la electrificación ferroviaria. Otros 1,2 GW se dedicarán a la electrificación portuaria, con prácticas como abastecer a las embarcaciones desde tierra.
La propuesta incluye 422 ampliaciones de conexión, de las cuales 142 se reservan para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales como ADIF y los puertos, y 196 como apoyo a la red de distribución. En este ámbito, el crecimiento previsto es de 5,3 GW.
La planificación contempla refuerzos en el 21 % de la red de transporte y nuevos ejes de conexión, con especial atención a zonas rurales. Además, prevé la integración de 6,6 GW de hidroeléctrica reversible y estima que los vertidos de renovables al final de la década se limitarán al 3,3 %.
El 10% de la inversión de las eléctricas, para controlar mejor la red
El Ministerio ha iniciado también la audiencia pública del proyecto de real decreto que regulará los planes de inversión en redes de transporte y distribución. El texto eleva los límites máximos de inversión con cargo al sistema eléctrico, pero mantiene condiciones para proteger a los consumidores.
Como parte de esta regulación, el Gobierno ha decidido ampliar el límite de inversión en redes establecido para las eléctricas responsables de la red de distribución (que es del 0,13 % del PIB previsto) y las invita a elevarla en 7.700 millones hasta 2030.
También establece que al menos un 10 % de esa inversión adicional debe destinarse a mejorar el control de tensión y a sistemas que permitan recabar más y mejores datos sobre el estado de la red, un problema que se puso de manifiesto con el apagón del 28 de abril.
Además, hasta un 15 % podrá orientarse a inversiones anticipatorias en zonas con previsión de crecimiento, y hasta un 5 % a adaptar redes existentes para proteger la avifauna.
