Tubos Reunidos, en concurso de acreedores, ha perdido 88,19 millones de euros en el primer semestre del año, prácticamente el triple que los 28,9 millones que perdió en el mismo periodo del año pasado, debido a la caída del negocio a causa de los aranceles y a las huelgas en sus plantas durante la negociación del ERE.
Según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que levantó en junio el secreto de sumario de la pieza separa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno que, entre otros asuntos, incluye el pago de una comisión por la ayuda recibida por Tubos Reunidos. El sumario refleja una reunión entre Santos Cerdán, Leire Díez, la conocida como ‘fontanera del PSOE’ al servicio del ‘ONE’, del que la UCO sospecha que es Pedro Sánchez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid.
En un auto, el magistrado explica que el pasado 1 de junio acordó el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones excepto en lo relativo a esta pieza, que ahora ha decidido levantar tras haber llevado a cabo varias diligencias.
Tubos Reunidos buscó en la ‘fontanera del PSOE’ ayuda para solventar sus problemas financieros manteniendo una reunión en la sede socialista de Ferraz en Madrid
Existen indicios, según el informe de Anticorrupcion, de que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en eusquera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo «acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros» a través de la empresa Mediaciones Martínez.
La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández «propusieron acudir» a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para «impulsar» la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo Hirurok intermedió con «algún miembro del Partido Nacionalista Vasco», lo que «podría haber contribuido» a que la ayuda llegase a término.
Los investigadores también han identificado «una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025» para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.
Situación concursal
Según la información remitida por la compañía alavesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su resultado de la primera mitad del año también se ha visto afectado por un coste de 39 millones por deterioros de activos tras una revisión de su actividad y la situación concursal.
La cifra de negocio ha pasado de 205 millones en el primer semestre del año pasado a 99,3 millones en la primera mitad de 2026, un 51,7 % menos, debido a la paralización de la actividad durante unos tres meses a causa de los paros intermitentes de actividad y las huelgas de la planta de Amurrio -la principal del grupo con casi 900 trabajadores- durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Las pérdidas brutas de explotación (ebitda) se han disparado desde 653.000 euros en los seis primeros meses de 2025 a 30,3 millones contabilizados entre enero y junio pasados, mientras que el resultado neto de explotación (ebit) de este último periodo arroja unas pérdidas de 77,4 millones, lo que multiplica por siete las registradas un año antes.
Pese a todo, el grupo destaca que cuenta con una caja disponible de 21 millones a 30 de junio (frente a los 30 millones de diciembre), dos meses después de presentar el concurso de acreedores, y que está al corriente de pago de sus obligaciones posteriores a la fecha de inicio del mismo.
«Fuerte impacto» de las huelgas en Tubos Reunidos
Los resultados de este primer semestre se han visto «fuertemente afectados» por los paros intermitentes de producción y la huelga indefinida convocados en la planta de Amurrio -que en conjunto duró 96 días- en el marco del citado ERE. Los paros terminaron en mayo después de que la empresa decidiera no ejecutar el expediente.
Esta paralización de la actividad durante aproximadamente tres meses ha tenido un «impacto relevante» en la situación financiera del grupo, que también apunta otras causas como los aranceles sobre el acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos en 2025 y el impacto que la guerra en Oriente Próximo ha tenido en la cadena logística hacia los clientes y en los costes.
La situación de la empresa ya era delicada el año pasado y a finales de 2025 la dirección del grupo replanteó los objetivos del Plan Estratégico y elaboró un Plan de Viabilidad. Sin embargo, las huelgas impidieron ponerlo en práctica por lo que en mayo se presentó la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores.
Durante este próximo mes de agosto, la decena de empresas que han mostrado interés inicial por la situación del grupo seguirán examinando los datos y cifras de la firma alavesa para comprobar su situación real, de manera que en septiembre deberán comunicar si presentan o no una oferta vinculante para hacerse con Tubos.
Las reglas establecidas por la administración concursal fijan que primero se intentará vender todo el grupo, pero si no hay ofertas para ello, se deja la puerta abierta a que haya ofertas sobre alguna de las unidades productivas de Tubos Reunidos.
