El Gobierno de Pedro Sánchez, opuesto desde un principio a la opa del BBVA al Sabadell, una operación que «hasta la Iglesia» está en contra de ella, según Yolanda Díaz, pero ahora le toca decidir. Por un lado tiene el análisis económico de la CNMC, que da su visto bueno, que también lo dará la CNMV, y el ‘no se opone del BCE, y la presión de la Comisión Europea para que no intervenga. Pero por la otra parte tiene la presión de Cataluña, esa región de España que se ha convertido en su granero de votos ante las continúas cesiones a los separatistas e inversiones de miles de millones de euros en detrimento de otros comunidades que incluso suma un perdón de deuda a los catalanes de 17.000 millones de euros.
El ministro de Economía Carlos Cuerpo, considerado mas técnico que político, intentan cuadrar el círculo de esta operación que lleva más de un año sobre la mesas. Entre sus argumentos para decidir en contra subrayó ayer que la prioridad es «tener un sector financiero diversificado» para el análisis que está haciendo el Gobierno de la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell.
«Tiene que haber grandes actores, pero también tiene que haber por supuesto, como lo hemos visto en las recientes crisis como la del covid, actores que tengan un aterrizaje, un conocimiento más granular, más pormenorizado de los clientes a nivel regional, a nivel local», explicó este jueves en declaraciones a la prensa en París.
Cuerpo dice sobre la opa del BBVA al Sabadell que el «conocimiento cercano» permite asignar «el capital de forma más eficiente»
La razón es que «muchas veces ese conocimiento cercano, esa mejor capacidad de evaluar el riesgo es la que permite asignar el capital también de manera más eficiente».
Respondía así a una pregunta de por qué no citaba entre los criterios que el Ejecutivo está utilizando para su examen de la opa el de disponer de entidades bancarias españolas de gran dimensión que pesen en el mercado europeo de capitales en el que trabaja la Unión Europea (UE) y los Estados miembros.
A su juicio, ese criterio del tamaño de los bancos es «una discusión muy interesante que tenemos muy a menudo» en el Eurogrupo, pero «no tiene que ver» con la evaluación de la opa del BBVA.
Califica la opa hostil por el Sabadell «como una operación doméstica entre dos entidades españolas» y las cuestiones de competencia o de estabilidad financiera quedan evaluadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por el Banco de España y por el Banco Central Europeo (BCE).
A vueltas con el ‘interés general’
«El Gobierno tiene ahora que mirar la existencia de posibles razones de interés general que se vean afectadas por esta operación, porque así nos habilita la regulación, la normativa doméstica, y es lo que estamos haciendo», ha indicado, antes de recordar que el plazo es de 30 días naturales que se cumplen el 26 de junio.
Cuando se le ha señalado que el Gobierno está en contra de la absorción del Banco de Sabadell por el BBVA, Cuerpo ha recordado que «desde el principio dijimos que estábamos muy preocupados por el impacto potencial de esta operación» y por cuestiones que iban más allá de la cuestión de la competencia, como el efecto sobre el empleo, la cohesión regional o la inclusión financiera.
Y al interrogarle sobre si van a poner las trabas posibles a su alcance para impedirla, ha puntualizado que no, que el Gobierno lo que tiene es la obligación por ley de «analizar el impacto potencial de esta operación en razones de interés general», y es lo que hacen «con toda la seriedad, con un análisis pormenorizado, robusto, y con todas las garantías posibles».
Sobre la posición abiertamente en contra de la opa manifestada este jueves en un artículo por, entre otros los expresidentes de Cataluña Pere Aragonès y de la Comunidad Valenciana Ximo Puig, el titular de Economía ha hecho hincapié en que ha habido muchas voces de «la sociedad civil» en esas comunidades, pero también en Aragón, en esa línea.
«Pero de nuevo -ha añadido- nosotros tenemos una enorme responsabilidad como Gobierno de seguir lo que nos indica la ley y hacer en este caso un análisis que valore esas razones de interés general, el potencial impacto de esta operación y lo vamos a hacer con todas las garantías. De eso pueden estar tranquilos los ciudadanos».
