El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha pedido a los políticos consenso y que sean capaces de garantizar la seguridad jurídica y en el alquiler y que una vez logradas ambas cosas «se vayan a jugar al golf» y no «metan la mano» en la legislación y dejen al mercado funcionar solo. Alquiler Seguro queda como primera la empresa de alquiler de vivienda en España sancionada por el Ministerio de Consumo.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 multó el pasado mes de abril con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado.
La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Pablo Bustinduy haya resuelto el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.
Seis infracciones muy graves cometidas por Alquiler Seguro
La sanción de Consumo, ratificada por el ministro, establece que esta empresa ha cometido una sanción grave y seis infracciones muy graves:
1.- Imposición al arrendatario la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato.
2.- Imposición al inquilino de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora.
3.- Imposición al arrendatario de cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario.
4.- Imposición al inquilino de cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.
5.- Introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles.
6.- Exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.
La Ley 12/2023 de 24 de mayo
La Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Así mismo, se indica que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como ha ocurrido.
Una de las infracciones muy graves conlleva el pago de 1 millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.
La resolución implica, además, dos sanciones accesorias más allá de la económica:
1.- Obligar a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas.
2.- Hacer pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídica responsable (ALQUILER SEGURO, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción.
Alquiler Seguro, sancionada por Consumo, arremete contra los políticos
En el marco de unas jornadas inmobiliarias organizadas en Madrid, ha calificado de «caos» lo vivido estos años y ha acusado a los políticos de querer crear una «guerra absurda» entre propietarios e inquilinos.
Entiende que si hay un cambio de Gobierno o de políticas, un mercado más libre y más seguridad jurídica saldrá más oferta de alquiler al mercado, lo que moderará la actual subida de precios, aunque no cree que caigan.
Ha señalado además que estas medidas que se han ido aplicando estos años han perjudicado al inquilino y que muchos han rechazado aceptar ofertas de trabajo porque no pueden asumir un cambio de residencia y que los propietarios sienten miedo ahora, ya que se ven indefensos.
Por su parte, el CEO de Testa Homes, Juan Pablo Vera, ha lamentado que en un negocio como el alquiler haya que estar pendiente de derivadas adicionales fruto de la inseguridad jurídica que se ha creado y ha añadido que la litigación no es extremadamente productiva y que se han priorizado estos años los derechos de los inquilinos frente a los propietarios.
Ha apuntado que desde 2018 están sufriendo medidas que erosionan el negocio del alquiler y que el atractivo para nuevos actores, como los fondos de pensiones, es muy complicado dada esa falta de estabilidad.
Una ley del suelo
En este contexto, ha insistido en que hace falta una ley del suelo, suspender alguna normativa, un plan de choque y producir más vivienda.
Desde Activum, el director de Desarrollo de Negocio, Ricard Carmona Castro, ha indicado que el capital busca estabilidad y que no se cambien las reglas de juego.
Detecta mucho interés por el ‘flex living’ y entiende que la colaboración público-privada es clave, que se debe trabajar para generar más suelo y agilizar los trámites y conceder licencias con más celeridad.
Por su parte, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, ha subrayado la inseguridad jurídica y la ola intervencionista creada por el Gobierno, al que acusan de regular mal y «reventar» un mercado.