La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la proposición no de ley presentada por Sumar para frenar la venta de Árqura Homes, el vehículo promotor de la Sareb creado en 2019 y que aglutina una importante cartera de suelo finalista en España. Esa venta era una de las formas de evitar el desastroso balance de la Sareb, que en tan solo dos años bajo la gestión del Gobierno al tomar la mayoría con Nadia Calviño de ministra de Economía, ha duplicado sus pérdidas y ha situado sus fondos propios, es decir, su diferencia entre los activos y pasivos, en un negativo de casi 6.000 millones de euros, un claro indicio de quiebra de la sociedad a la que Sánchez aspira a convertir en la «gran empresa de vivienda pública».
La iniciativa, aprobada con los votos a favor del PSOE, Sumar y Podemos, la abstención del PNV, ERC, Bildu y la oposición de Vox y Junts per Catalunya, insta al ejecutivo a «reconsiderar» esta operación, según el texto pactado por los socios de gobierno, en lugar de instarle a «frenar inmediatamente» la venta, como figuraba en el texto original.
La Sareb, el banco de alquiler de Sánchez y dueño de la socimi Árqura, aumenta sus pérdidas un 50% con fondos propios negativos de casi 6.000 millones
Sumar obvia los desastrosos número de la Sareb o ‘el banco malo‘. Así también llama a redefinir el objeto social de la Sareb, una sociedad controlada por el Gobierno que sólo en seis meses ha perdido 1.230 millones de euros y acumula unos fondos negativos de casi 6.000 millones de euros, hacia la promoción de vivienda pública y asequible, por entender que es un actor clave para afrontar la emergencia habitacional ante la escalada de los precios de venta y alquiler.
Sumar ha planteado en la comisión que la venta de una participación mayoritaria en Árqura podría tener consecuencias irreversibles y que los principales interesados en esta operación son los grandes fondos, a los que ha señalado como responsables de tensionar el mercado inmobiliario.
Su portavoz de Vivienda y promotor de la iniciativa, Alberto Ibáñez, ha insistido en que esa operación ponía en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque público de viviendas que podría convertirse en un instrumento eficaz para ampliar la oferta de alquiler social y asequible, y ha llamado a detener cualquier acción que implique una mayor privatización de los activos de la Sareb.
Según sus datos, reconsiderar esta operación supone «frenar la venta del suelo para 16.000 casas de Árqura a particulares para especular».
