Bruselas ha intensificado su presión sobre España con una serie de procedimientos de infracción que abarcan desde el incumplimiento de normativas medioambientales hasta deficiencias legislativas en fiscalidad y competencia económica. En total, el Ejecutivo comunitario ha lanzado o escalado cuatro procedimientos formales contra el país, reflejando una creciente preocupación por el alineamiento de la legislación española con el Derecho de la Unión.
Uno de los expedientes abiertos se debe a que España no ha designado ni notificado a Bruselas la autoridad competente encargada de supervisar el cumplimiento del nuevo reglamento europeo sobre el metano. Esta normativa, clave para reducir las emisiones en sectores como el petróleo, el gas natural y el carbón, exige a los Estados miembros haber comunicado esta información antes del 5 de febrero de 2025. España, junto a otros ocho países, entre ellos Italia, Irlanda o Austria, ha recibido una carta de emplazamiento, el primer paso del procedimiento de infracción. Si en dos meses no corrige las deficiencias, podría enfrentarse a un dictamen motivado o incluso a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Retrasos en la transposición de directivas del IVA
España también ha sido objeto de dos dictámenes motivados por no incorporar a tiempo a su legislación nacional dos directivas clave sobre el IVA. La primera flexibiliza el uso de tipos reducidos, y la segunda simplifica las obligaciones fiscales de las pequeñas empresas, incluida la posibilidad de exención del impuesto. Ambas normativas debían haber sido transpuestas antes del 31 de diciembre de 2024, pero España, junto con países como Grecia, Bulgaria y Rumanía, sigue sin cumplir. Si no responde en dos meses con una solución satisfactoria, el caso podría acabar también en los tribunales europeos.
Bruselas critica la intervención del Gobierno en la opa del BBVA sobre Sabadell
Otro expediente con importantes implicaciones económicas afecta a la legislación utilizada por el Gobierno español para condicionar la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Aunque la operación contaba con el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ejecutivo elevó la decisión al Consejo de Ministros, que la aprobó con condiciones adicionales. Bruselas considera que esta intervención vulnera normas europeas sobre la libertad de establecimiento y circulación de capitales, además de socavar las competencias exclusivas del BCE en operaciones bancarias. Para subsanar el problema, España debería reformar la ley y el real decreto sobre supervisión bancaria, así como revisar la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
Bruselas lanza un ultimátum sobre las concesiones de autopistas
A este listado se suma un ultimátum por parte de Bruselas en relación con las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66. La Comisión ha cuestionado la legalidad de las prórrogas y condiciones de estas concesiones, lo que se suma a la creciente tensión entre las autoridades españolas y las instituciones comunitarias por el cumplimiento de las normativas de competencia y contratación pública.
La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de un expediente a España por no haber adoptado aún las nuevas normas comunitarias que tienen el objetivo de perseguir el blanqueo de capitales mediante el uso indebido de criptoactivos, según informó la institución en un comunicado.
Un patrón de incumplimientos
Estos cuatro frentes abiertos revelan un patrón preocupante de retrasos, resistencias o errores en la adaptación de la normativa española al marco comunitario. Si España no actúa con celeridad para subsanar estas deficiencias, se arriesga no solo a enfrentarse a sanciones del Tribunal de Justicia de la UE, sino también a perder credibilidad ante sus socios europeos en un momento crítico para la cohesión política y económica del bloque.