El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas o alquiler turístico ante la sospecha de que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.
Según un comunicado emitido este jueves, los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatarían que estas compañías estarían ocasionando «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada» al estar ofreciendo información falsa o que puede inducir a error.
Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular o varias, cuando en realidad se trata de una empresa, prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves y recibir multas de hasta 100.000 euros.
Consumo: ‘Estas plataformas de alquiler turístico podrían estar realizando prácticas engañosas’
No obstante, el Ministerio recalca que esta cantidad se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haber llevado a cabo estas prácticas posiblemente engañosas.
Consumo considera que estas plataformas de alquiler turístico podrían estar realizando prácticas engañosas y alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
«Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, así como presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario», detalla dicha ley.
Esta apertura de expedientes sancionadores tiene su origen en la investigación puesta en marcha desde el departamento que lidera Pablo Bustinduy el pasado diciembre, a partir de la cual se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando cientos de alojamientos turísticos en régimen de alquiler.
En aquel momento, fuentes del sector confirmaron a EFE que Consumo había abierto un expediente sancionador a la plataforma Airbnb tras haberle solicitado que retirara «de forma inminente» miles de anuncios con publicidad «ilícita».