Consumo plantea introducir el IVA en los pisos turísticos para frenar la oferta ilegal

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha propuesto introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos en España, de modo que tributen «como cualquier actividad comercial» para combatir el aumento de la oferta ilegal.

En una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, Bustinduy defendió que no aplicar el IVA a la vivienda vacacional incentiva su uso indebido. «Debemos incentivar que la vivienda se destine a su uso principal, que es para que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social», afirmó.

El ministro explicó que en algunas ciudades españolas, el 10% del parque inmobiliario se destina a viviendas turísticas, lo que provoca un aumento de precios, impidiendo que los jóvenes se emancipen y las familias encuentren alquileres accesibles. En Madrid, denunció que «hasta el 90% de los pisos turísticos no tienen licencia». También criticó que ciertas ciudades aplican moratorias que «no cumplen con la normativa».

Bustinduy instó a todas las ciudades de España a unirse a la investigación del Gobierno para «perseguir» la publicidad de pisos turísticos ilegales. «Es una situación descontrolada e inaceptable que afecta gravemente a nuestras ciudades, haciendo que los precios del alquiler suban y que la gente tenga que abandonar sus barrios», criticó.

Consumo: ‘Es importante abordar la reforma de la ley para los pisos turísticos’

Destacó que «el turismo es una actividad económica importante para las ciudades y España, pero no puede ser a costa del derecho a la vivienda y a vivir en la ciudad en la que trabajas».

Este martes pasado, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y sus comisiones de Vivienda y de Turismo para abordar la situación de los pisos turísticos.

Entre las soluciones propuestas se incluye la posibilidad de estudiar modificaciones legislativas, como la Ley de Propiedad Horizontal. Esta decisión se basa en dos sentencias del Tribunal Supremo (1643/2023, de 27 de noviembre, y 1671/2023, de 29 de noviembre) que sugieren dar más poder de decisión a los vecinos de las fincas.

«Voy a ofrecer una norma para facilitar todos los instrumentos necesarios. Si es necesario abordar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, haremos una propuesta», detalló Rodríguez, añadiendo que para ello se necesitarán acuerdos parlamentarios, y expresó su confianza en que se logrará consenso en este asunto.