Del Valle pide personarse en la causa del Banco Popular por una pérdida de 550 millones

El empresario mexicano Antonio del Valle, que fuera principal accionista del Banco Popular con un 4,2 % del capital, ha pedido al juez instructor personarse en la causa por la resolución del Banco Popular, que le causó una pérdida patrimonial de aproximadamente 550 millones de euros.

En un escrito fechado el pasado 9 de septiembre al que ha tenido acceso EFE, Del Valle pide adherirse «a las acciones civiles (no penales) que sean ejercitadas por el Ministerio Fiscal, en el momento procesal oportuno».

El titular del juzgado central de instrucción nº 4, que un una providencia fechada el 10 de septiembre acusa recibo del escrito, acordó el pasado 4 de marzo procesar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional constató que los déficits de provisiones ocultos en las cuentas de 2015 y primer trimestre de 2016 se mantuvieron en los estados financieros semestrales de 2016, auditados por PwC, y en los del tercer trimestre de ese año.

Hace un año Del Valle pidió el sobreseimiento al entender que las cuentas del Popular eran correctas

Asimismo, que, en las cuentas anuales del año 2016, se corrigió parte de ese déficit, pero se puso de manifiesto por parte de la inspección sobre activos adjudicados un déficit de 1.418 a 1.620 millones de euros.

Hace poco más de un año, en julio de 2023, Del Valle pidió el archivo de la causa, tras llegar a la conclusión de que las cuentas eran correctas.

Del Valle, que perdió con la desaparición del banco cerca de 550 millones de euros, pidió el sobreseimiento al entender que las cuentas del Popular eran correctas y apuntó a la declaración de inviabilidad del banco como un momento «anómalo» y no consentido por el Consejo.

Pocos meses antes, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desestimó el arbitraje presentado por Del Valle y otros inversores por la resolución del Popular, en la que reclamaban al Reino de España 700 millones de euros.

Pero el laudo, favorable a España, rechazó todas las pretensiones de los demandantes, validando las acciones realizadas por las instituciones a nivel comunitario y nacional, y confirmando su legalidad.