El juicio del «caso Popular» por las supuestas irregularidades en la última ampliación de capital de la entidad arrancará el 19 de enero de 2027 en la Audiencia Nacional y se extenderá al menos hasta el 30 de junio de ese año, una década después del colapso del banco, su resolución y venta al Banco Santander.
El expresidente Ángel Ron, doce exdirectivos del Popular y la auditora PwC se sentarán en el banquillo a lo largo de la vista oral que, según la diligencia consultada por EFE, tendrá lugar semanalmente de martes a jueves, con la excepción de Semana Santa.
Para «planificar adecuadamente las sesiones», la Audiencia Nacional ha pedido a las defensas que notifiquen si los acusados declararán al inicio o al final del juicio.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió juicio oral en noviembre de 2024 contra Ron, los doce exdirectivos y la auditora PwC por estafa en la ampliación de capital de 2016 e impuso una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros.
El magistrado impuso esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y situó a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios.
El juez instructor cree que los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital del Banco Popular de 2016
Para el juez, los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital, ya que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.
Además de Ron, se sentarán en el banquillo el ex consejero delegado Francisco Gómez; el exvicepresidente Roberto Higuera; el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea; los ex directores financieros Javier Moreno y Francisco Sancha; el exdirector de Riesgos José María Sagardoy Llonis; el exdirector de Auditoría Jesús Arellano Escobar y los exdirectios Antonio Pujol y José Ramón Alonso.
Por lo que respecta a PwC, el juez consideraba a la firma cooperador necesario, al igual que a los socios auditores Pedro Barrio y José María Sanz.
En cuanto al Santander, aunque el magistrado descartó considerarlo partícipe a título lucrativo sí mantuvo su responsabilidad civil subsidiaria, al ser el heredero «universal» del extinto Popular.
En su auto de apertura de juicio oral, Calama recogía los escritos de calificación de las catorce acusaciones que tipifican los hechos como delitos de falsedad contable y delito continuado de estafa de inversores, entre ellos el de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita seis años y medio de cárcel y una multa de cerca de 250.000 euros para Ron, Gómez e Higuera.
La Fiscalía señala a las aseguradoras Chubb, ACE, Zurich, XL, Liberty y Lifeguard como responsables civiles directos de los daños y perjuicios derivados de los hechos cometidos por los administradores y directivos del Banco Popular y PwC acusados, hasta el límite de la cobertura de sus correspondientes seguros de responsabilidad civil.
