Casi la mitad de los madrileños (48%) opinan que la Ley por el derecho a la vivienda aprobada en mayo de 2023 dificulta a los inquilinos alquilar un inmueble para vivir, un porcentaje que ha incrementado en diez puntos con relación al que se registraba hace un año, cuando esta tasa se situaba en el 38%, según los datos extraídos a partir de una encuesta de Fotocasa Research realizada en febrero de 2025.
Por contra, un 17% de los madrileños consideran que la normativa facilitará a los potenciales inquilinos poder alquilar una vivienda, mientras que un 35% se mantienen neutros sobre este aspecto. Por otro lado, un 46% de los encuestados en la Comunidad de Madrid señalan que la Ley de Vivienda hace más difícil para los arrendadores poner en alquiler un inmueble de su propiedad (tres puntos porcentuales más que en febrero de 2024), mientras que únicamente un 11% opinan lo contrario, y un 43% se mantienen neutros en este punto.
Si se atiende al segmento de compraventa, el pesimismo es algo menor: un 42% de los madrileños conocedores de la normativa afirman que la legislación vigente dificulta comprar una vivienda (doce puntos más que en 2024), frente al 9% que indican que lo facilita, mientras que el 49% no se decantan. Asimismo, un 35% de los encuestados en la Comunidad de Madrid argumentan que la Ley de Vivienda pone más difícil vender un piso (siete puntos más que hace un año), mientras que un 11% indican lo contrario y el 54% se mantienen equidistantes. Además, el desconocimiento de esta ley es generalizado: un 52% de los madrileños no está familiarizado con la normativa, mientras que otro 48% sí lo está (entre estos, un 9% de forma más amplia y un 39% de manera más superficial).
La ley de Vivienda incita a retirar los inmuebles del mercado o a cambiarlos de largo plazo a temporada o vacacional
La Ley de Vivienda también está teniendo consecuencias concretas sobre los propietarios de inmuebles. La encuesta revela que un 29% de los arrendadores en Madrid prevén retirar una vivienda del mercado de alquiler como consecuencia de la normativa inmobiliaria vigente. Por otro lado, un 24% de los propietarios madrileños estudia pasar de alquilar una vivienda durante todo el año a hacerlo para periodos vacacionales, mientras que un 21% de ellos se plantean cambiar de alquilar una vivienda entera a hacerlo por habitaciones de manera individual. Por último, un 38% de los arrendadores madrileños prevén invertir menos en una vivienda que tengan alquilada.
“La ley de vivienda beneficia a los inquilinos que tienen un contrato en vigor, al evitar subidas anuales de precio desorbitadas en sus contratos. Sin embargo, para los potenciales inquilinos que buscan un alquiler, las consecuencias de su puesta en marcha han sido perjudiciales, ya que indirectamente ha causado la retirada de más del 30% la oferta de arrendamiento disponible ocasionando grandes tensiones en los precios y creando un mercado muy compacto y de poca rotación. Ahora, las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler son peores que antes de la ley. También resulta muy relevante la tendencia detectada de contracción de oferta por parte de los propietarios al percibir que esta normativa desincentiva no solo invertir en mejorar esa vivienda sino mantenerla en el mercado de larga duración al suponer un límite a la rentabilidad”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
En el conjunto de España, la mitad de los inquilinos opinan que la Ley de Vivienda les dificulta alquilar un piso
A nivel nacional, prácticamente uno de cada dos inquilinos (49%) opinan que la Ley por el derecho a la vivienda les dificulta alquilar un inmueble para vivir, un porcentaje que ha incrementado en doce puntos con relación al que se registraba justo hace un año, cuando esta tasa se situaba en el 36%. Por el contrario, únicamente el 17% de los inquilinos (siete puntos menos que hace un año) afirman que la normativa aprobada hace dos años les beneficia a la hora de alquilar una vivienda, y el 34% restantes se muestran neutrales al respecto.
Entre los propietarios que buscan alquilar sus pisos a terceros, un 48% consideran que la Ley de Vivienda les dificulta esta posibilidad, un porcentaje similar al recabado en la encuesta de febrero de 2024. Por otro lado, un 11% de los arrendadores aseguran que la normativa nacional les facilita el proceso (cinco puntos por encima con relación al año anterior), mientras que el 41% se muestran neutros sobre este tema.
Compradores y vendedores también se muestran pesimistas con la Ley de Vivienda
Si se observa el segmento de compraventa, el pesimismo sobre los efectos de la Ley de Vivienda es también mayoritario. Así, un 43% de los potenciales compradores en el mercado inmobiliario aseguran que la normativa vigente les dificulta poder adquirir un inmueble para vivir, diez puntos más que en febrero de 2024. En cambio, se han reducido hasta el 8% el porcentaje de compradores que creen que la Ley de Vivienda les favorece en su proceso de compra, siete puntos menos que hace un año. Por último, el 49% de los demandantes en el mercado de compraventa se mantienen neutros en este asunto.
Atendiendo al segmento vendedor, casi un tercio (31%) de los ofertantes de vivienda en propiedad consideran que la legislación actual les pone más difícil el proceso de traspasar su inmueble, un porcentaje muy similar (32%) al registrado hace un año. Por su lado, un 12% de los ofertantes opinan que la Ley de Vivienda les pone más fácil vender su inmueble, tres puntos menos que en febrero de 2024, mientras que un 57% se muestran indiferentes en este punto.
Más de un tercio de los propietarios se plantea retirar su vivienda del mercado del alquiler
Por otro lado, los datos de la encuesta de Fotocasa Research hacen foco en las previsiones con relación a la Ley de Vivienda de los propietarios que participan como ofertantes en el mercado del alquiler. Más de un tercio de estos (39%) han retirado o se plantean retirar del mercado un inmueble de su propiedad a causa de dicha normativa, una proporción once puntos mayor a la registrada hace un año, cuando era del 28%. Este porcentaje es especialmente elevado en Cataluña (48%) y Andalucía (47%), mientras que disminuye en el caso de la Comunidad de Madrid (29%) o de la Comunidad Valenciana (34%). En cambio, a nivel nacional, el 61% restante de los propietarios no prevén modificar su oferta de alquiler.
Siguiendo con los eventuales efectos de la ley en la oferta de alquiler, un 34% de los propietarios aseguran que prevén pasar de arrendar una vivienda durante todo el año a alquilarla para periodos vacacionales (o bien ya lo han hecho de forma efectiva), un porcentaje similar al registrado en febrero de 2024. En este sentido, también existen notables diferencias territoriales en dicho punto: el 51% de los propietarios andaluces están de acuerdo con esta posibilidad, una tasa que se reduce al 33% en el caso de los catalanes, al 46% de los valencianos, y al 24% de los madrileños. A nivel nacional, un 66% de los arrendadores consideran poco o nada probable esta opción.
Más de uno de cada cuatro propietarios prevé pasar del alquiler completo a arrendar habitaciones
También se ha incrementado el porcentaje de propietarios que planean entrar o ya han entrado en el mercado del alquiler individual de habitaciones de una vivienda que antes arrendaban entera: ya representan el 28% del total en la actualidad, cuando hace un año eran el 22%, mientras que el 72% descartan esta opción. A nivel autonómico, los propietarios valencianos son los más propensos a esta posibilidad de entrar en el alquiler de habitaciones (lo defienden el 46% de ellos), mientras que este porcentaje baja al 38% en el caso de los andaluces, al 28% con relación a los catalanes, y al 21% en lo relativo a los madrileños.
Por último, un 47% de los propietarios a nivel nacional afirman que invertirán menos en la mejora de las viviendas que tienen alquiladas, un porcentaje dos puntos superior al registrado hace un año, mientras que un 53% descarta esta posibilidad. Esta eventual reducción de la inversión por parte de los propietarios también se plantea en la Comunidad Valenciana (donde el 61% de los arrendadores estudia esta opción), así como en Andalucía (47%), Cataluña (42%), y la Comunidad de Madrid (38%).