El Gobierno ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, este anuncio del Gobierno PSOE-Sumar tiene más cuestión estética que de realidad, por es una medida que está condenada al fracaso desde un principio porque el Ejecutivo de Sánchez no tiene aprobados los Presupuestos de 2026 ni hay previsión de que lo pueda hacer en los próximos, días, semanas o meses y esa es una condición indispensable para las nuevas condiciones laborales de los funcionarios.
Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Función Pública ha añadido que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales.
Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.
El Gobierno inicia el plan de implantar las 35 horas semanales a los funcionarios cuando ni siquiera tiene aprobados los Presupuestos para 2026
La pasada semana, el ministro Óscar López señaló que las 35 horas se aplicarían «tan pronto como sea posible».
UGT y CCOO habían urgido la semana pasada a implantar la jornada de 35 horas semanales de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026. Sin embargo, pese a esa petición de los sindicatos afines al Gobierno PSOE-Sumar es una medida que está condenada al fracaso desde un principio porque el Gobierno no tiene aprobados los Presupuestos de 2026 ni hay previsiones de que lo pueda hacer en los próximos meses y esa es una condición indispensable para las nuevas condiciones laborales de los funcionarios.
Los sindicatos pedían que se adoptara «en el próximo mes de febrero o a principios de marzo», ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación.
