Sara Anguera. España aspira a convertirse en uno de los principales puntos de conexión digital del sur de Europa y aprovechar el crecimiento de la inteligencia artificial para atraer nuevas inversiones. Sin embargo, ese objetivo se enfrenta ahora a un obstáculo importante: la regulación energética. El nuevo borrador del Real Decreto, remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) al Consejo de Estado, no ha despejado las dudas del sector. Al contrario, ha aumentado la preocupación entre las empresas que desarrollan y operan centros de datos.
Desde SpainDC, la patronal que agrupa a las principales compañías del sector en España, consideran que la normativa es prácticamente inviable. El principal problema sigue siendo la obligación de acreditar que, cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida procede de fuentes renovables que hayan generado esa energía en la misma franja horaria.
Pero hay otro aspecto que preocupa especialmente a los inversores internacionales. El Gobierno ofrece a los operadores la posibilidad de adaptarse progresivamente a este requisito durante cinco años, aunque con una condición: incorporarse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Esto permitiría al operador de la red ordenar desconexiones selectivas cuando lo considere necesario, sin que las empresas afectadas tengan derecho a indemnización.
Para los centros de datos, cuya actividad depende de garantizar el suministro eléctrico de forma ininterrumpida, esta posibilidad supone un problema de primer orden. La industria trabaja con estándares de disponibilidad del 99,999%, por lo que asumir el riesgo de una desconexión forzosa puede comprometer tanto la operativa de las instalaciones como la financiación de los proyectos.
Un dilema para el sector: asumir más costes o exponerse a desconexiones
El nuevo texto introduce algunos cambios respecto al borrador inicial. Entre ellos, eleva de 1 a 10 megavatios (MW) el umbral de afección, permite asociar instalaciones renovables de hasta 36 meses de antigüedad, reduce a seis años la duración mínima de los contratos de compraventa de energía (PPA) y reconoce el almacenamiento mediante baterías como parte de la solución.
Pese a estos ajustes, el planteamiento general del decreto apenas cambia.
SpainDC considera que exigir una correspondencia tan estricta entre el consumo y la generación renovable no tiene suficientemente en cuenta el funcionamiento real del sistema eléctrico. La patronal también recuerda las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya cuestionó la eficiencia de imponer nueva capacidad de generación en un sistema peninsular que registra excedentes renovables y vertidos de energía durante las horas de mayor producción solar.
A juicio del sector, esta exigencia podría obligar a construir muchos más parques renovables y sistemas de almacenamiento de los realmente necesarios, disparando los costes de inversión.
El decreto plantea un periodo transitorio de cinco años para alcanzar progresivamente el objetivo del 80% de suministro renovable por hora. Sin embargo, quienes opten por esta vía tendrán que incorporarse al SRAP y aceptar que Red Eléctrica pueda reducir o interrumpir su suministro en situaciones de saturación de la red.
Los problemas de los centros de datos no son solo técnicos
«Se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón», advierte Emilio Díaz, presidente de SpainDC. «Para una industria cuya principal obligación frente a sus clientes es garantizar continuidad y disponibilidad, esto cambia el riesgo del proyecto, afecta a su financiación y acaba formando parte de la decisión sobre dónde se realiza una inversión».
El problema no es únicamente técnico. También afecta a los compromisos contractuales que los operadores mantienen con grandes clientes, como proveedores de servicios en la nube, entidades financieras o plataformas logísticas. Todos ellos necesitan garantías de funcionamiento continuo, algo difícil de compatibilizar con la posibilidad de sufrir desconexiones por decisión del operador de la red.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, cuestiona además que los centros de datos reciban un tratamiento distinto al de otros grandes consumidores de electricidad.
«Hay un señalamiento específico a los centros de datos que no aceptamos. No entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico tenga un problema. Se nos pretende convertir en la válvula de escape de problemas de planificación, inversión o capacidad de la red que no hemos generado».
Los inversores pueden trasladar sus proyectos a otros mercados
Una de las principales preocupaciones del sector es el posible efecto de la normativa sobre las decisiones de inversión. Madrid, Aragón y el eje atlántico habían conseguido situar a España como una alternativa atractiva frente a los mercados tradicionales de Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, conocidos como FLAP, donde la falta de suelo y de capacidad eléctrica limita el desarrollo de nuevas instalaciones.
Sin embargo, las grandes tecnológicas y los fondos de inversión analizan sus oportunidades desde una perspectiva internacional. Si España impone requisitos más exigentes que otros mercados competidores, los proyectos pueden acabar trasladándose a países donde las condiciones para desarrollar infraestructuras digitales sean más favorables.
Desde SpainDC señalan que mercados como el norte de Europa, Italia o Portugal no contemplan un mecanismo equivalente que vincule la adaptación energética de los centros de datos a la posibilidad de sufrir desconexiones forzosas. Esta diferencia está llevando a algunos comités de inversión a revisar sus planes en España e incluso a paralizar temporalmente determinados desarrollos.
El impacto puede ser especialmente importante para los proyectos que ya cuentan con derechos de acceso y conexión a la red, pero cuyas instalaciones todavía no han comenzado a recibir suministro eléctrico. El decreto establece un plazo de seis meses desde la formalización del contrato para adaptarse a los nuevos requisitos de generación renovable adicional. Si no lo hacen, los promotores podrían perder los permisos y ver ejecutadas las garantías financieras depositadas.
Emilio Díaz insiste en que muchos de estos desarrollos están lejos de ser simples proyectos sobre el papel.
«Hay proyectos con años de desarrollo, suelo adquirido, contratos firmados y capital comprometido bajo unas reglas determinadas; cambiarlas ahora y añadir la posibilidad de perder permisos abre un escenario de litigiosidad y potenciales reclamaciones patrimoniales de enorme cuantía».
Diferencias entre los proyectos privados y las iniciativas públicas
Otro de los puntos que generan controversia es el tratamiento que reciben los proyectos impulsados por las administraciones públicas. El decreto contempla plazos de adaptación de hasta 60 meses para determinados proyectos estratégicos de la Unión Europea relacionados con la soberanía digital y las futuras gigafactorías comunitarias de inteligencia artificial. Mientras tanto, las iniciativas privadas deben ajustarse a condiciones más estrictas.
Para SpainDC, esta diferencia introduce un desequilibrio entre los distintos operadores del mercado.
«La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar», afirma Villacís. «Para sus proyectos introduce flexibilidad y un régimen específico; para el resto del mercado mantiene unas exigencias que considera asumibles».
La patronal considera que esta diferencia de trato puede distorsionar la competencia en un sector estratégico en el que empresas públicas y privadas compiten por atraer capital, acceder al suelo disponible y conseguir capacidad en la red eléctrica.
SpainDC prepara alegaciones ante el Consejo de Estado y Bruselas
Ante este escenario, el sector prepara una respuesta tanto institucional como jurídica. SpainDC presentará alegaciones ante el Consejo de Estado y pedirá que el texto vuelva a ser evaluado por la CNMC. Su argumento es que la incorporación del SRAP supone un cambio sustancial respecto al borrador que se sometió inicialmente a audiencia pública y que, por tanto, debería volver a pasar por el correspondiente proceso de revisión.
Además, los servicios jurídicos de la patronal están estudiando si el decreto cumple con los requisitos del procedimiento europeo de notificación de reglamentaciones técnicas, recogido en la Directiva (UE) 2015/1535 y conocido como mecanismo TRIS.
Si consideran que la normativa introduce barreras injustificadas a la libre prestación de servicios o a la unidad de mercado, SpainDC no descarta trasladar el asunto a la Comisión Europea.
A la espera del dictamen definitivo del Consejo de Estado, el sector de los centros de datos se encuentra ante una decisión complicada: asumir unos requisitos energéticos que considera difíciles de cumplir y aceptar el riesgo de posibles desconexiones, o replantearse sus inversiones en España.
El desenlace puede ser determinante para el futuro de la industria digital en el país. España tiene ante sí la oportunidad de atraer una parte importante de las inversiones que está generando el auge de la inteligencia artificial, pero la incertidumbre regulatoria amenaza con restarle atractivo frente a otros mercados europeos.