El PSOE quiere sacar provecho a los sueldos de los banqueros

El Gobierno está en sus horas más bajas tras la gestión de la crisis del coronavirus cuya desaprobación por parte de la mayoría de la población quedó patente en el resultado electoral del 4-M de Madrid. Por ello, en vez de girar hacia al centro, espacio que ha ganado el PP, gira a la extrema izquierda y se radicaliza. Lo último es que el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) anda buscando apoyos en  el Congreso para exigir a la banca que se comprometa a reducir los despidos y limite el sueldo de los banqueros, aunque se trate de entidades privadas que a lo único que tienen que responder es a sus accionistas y a la ley vigente.

A través de una proposición no de ley (PNL) presentada para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Grupo Parlamentario Socialista busca el respaldo del Congreso para pedir al Gobierno que actúe tras los despidos planteados por CaixaBank y condicionar los sueldos y los bonus de la alta dirección a decisiones gubernamentales.

El texto recuerda que la entidad, tras su fusión con Bankia, anunció el pasado 20 de abril el recorte de cerca de 8.300 puestos de trabajo, casi un 19 % de su plantilla, y el cierre de más de 1.500 oficinas, lo que reduciría su red en más de un 27 %.

Y, añade, «a raíz de la intervención del Gobierno que invitó al banco a repensar su plan de reducción», CaixaBank «suavizó» los recortes en 500 personas y anunció la elaboración de un plan de recolocación y de acompañamiento, fundamentalmente a los menores de 58 años que quedarían fuera de prejubilación.

Aún así, la magnitud del ERE de la entidad, que tiene entre sus principales accionistas al Estado, con más del 16 % del capital, «aconseja una mayor acción por parte del Gobierno», considera el grupo socialista, que subraya que a esta situación se suma el reciente anuncio del BBVA y «de otras entidades financieras» de acometer más reducciones de plantilla.

Por eso plantea en la PNL que el Congreso inste al Gobierno a que impulse la asunción por el sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración.

En concreto, los compromisos deberán cubrir cuestiones como la minimización del impacto negativo sobre el empleo, el fomento de la flexibilidad interna como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus empleados y la recolocación de aquellos cuyo puesto de trabajo va a desaparecer.

Pero, además, quiere que se incorporen variables relativas a las condiciones de los trabajos de la entidad y a la calidad del servicio a los clientes en las propuestas de retribuciones como los bonus de los directivos, así como la adopción de medidas para evitar la exclusión financiera.