La reforma de la Ley del Suelo, otra medida que aprueba el Consejo de Ministros y que luego critica la vicepresidenta Díaz

Sumar, el movimiento político que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que cuenta con cinco ministros en el Gobierno, ha criticado el texto para reformar la Ley del Suelo que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, ya que puede dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas, al tiempo que restringe el acceso a la acción pública limitando la capacidad de acción de los ciudadanos.

En concreto, la formación que lidera Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, considera que el texto no responde adecuadamente al objeto declarado por la norma de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación urbanística.

De acuerdo con las observaciones presentadas por Sumar, la regulación de las nulidades y anulabilidades, y más en concreto el régimen de retroacción de algunos vicios formales, pueden dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas, un aspecto que ven «muy cuestionable» y por lo que creen que debería permanecer inalterado.

Tampoco comparte el socio minoritario del gobierno de coalición la necesidad de superar la acción pública en materia urbanística por el hecho de que siga sin modificarse desde 1956 y en alguna ocasión se haya podido utilizar con fines espurios.

A este respecto, entienden que, en incontables ocasiones, la acción pública ha servido para paralizar planes sobredimensionados y de gran impacto social y medioambiental, que desatendían la protección del litoral, del dominio público hidráulico o de los espacios protegidos al omitir o ignorar informes sectoriales llamados a asegurar la protección ambiental.

Para Sumar y Podemos la reforma de la Ley del Suelo da alas a la ‘cultura del pelotazo’

Por ello, Sumar no comparte la necesidad de restringir el acceso a la acción pública y estima más adecuado mantenerla en sus actuales términos y no limitar la posibilidad que en la actualidad tiene la ciudadanía de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales.

También ha criticado el establecimiento de plazos para la impugnación indirecta de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Estas críticas se suman a las vertidas ayer desde Podemos, que asegura que esta reforma es similar a la que intentó aprobar el gobierno de Mariano Rajoy y que da vía libre a la cultura del «pelotazo» y a la especulación de los fondos buitres.

Pese a estas desavenencias, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que hay voluntad de lograr un amplio consenso en el Congreso para sacarla adelante y que la primera percepción es que la mayoría de los grupos tienen vocación de aprobarla.

Con el texto aprobado por el Consejo de Ministros para modificar la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana de cara a su tramitación en las Cortes Generales, tras haber decaído en la anterior legislatura, el Gobierno busca dar seguridad jurídica, estabilidad y certeza a los planes urbanísticos.