El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TGUE) o la legislación europea destinada a asegurar la conciliación laboral y la vida familiar, una responsabilidad legislativa del Ministerio de Trabajo dirigido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
Además, amenazó con una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que ese incumplimiento persistiera en la fecha de pronunciamiento de la sentencia, y hasta que el país ponga fin a esa situación.
Los jueces europeos concluyeron que España incumplió sus obligaciones de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores al haber omitido, cuando expiró el plazo dado por la Comisión Europea, la adopción de las medidas para dar cumplimiento a esa normativa.
