El Gobierno ha remitido al Tribunal Supremo la información requerida sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell, después de que se admitiera el recurso contencioso-administrativo presentado por el banco vasco, que busca anular el veto temporal del Ejecutivo a una eventual fusión de las dos entidades.
Esa documentación, aunque no había trascendido hasta ahora, pese a tratarse de información sensible y relevante de dos empresas cotizadas que están en plena opa, se envió a principios de septiembre enviaron al Supremo la información que consta en el expediente, después de que el BBVA recurriera la condición del Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Sabadell si prospera la opa.
Al mismo tiempo, el Banco Sabadell ha pedido personarse en el proceso, aunque queda por ver si el BBVA sigue adelante con su estrategia judicial ante el Supremo y formaliza la demanda, añaden fuentes cercanas al proceso.
El Gobierno prohíbe la fusión del BBVA al Sabadell en un periodo de tres años prorrogable a cinco
A finales de junio, el Consejo de Ministros dio luz verde a la opa del BBVA sobre el Sabadell con la condición de que las dos entidades no pudieran unirse en los próximos tres años, lo que a priori complicaba la operación y retrasaba la posibilidad de obtener los 850 millones de euros de ahorros previstos.
El BBVA siempre consideró que solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podía imponer condiciones a la operación de concentración, por lo que el Ejecutivo, a ojos del banco, lo más que podía hacer era validarlas o incluso rebajarlas, pero nunca endurecerlas como finalmente hizo el Gobierno.
El banco recurrió ante el Tribunal Supremo esta decisión del Ejecutivo el pasado 15 de julio, antes de conocerse que la Comisión Europea abría un expediente a España por su actuación en la opa, complicando la operación con el argumento de proteger el interés general.
Tras hacerse pública la decisión del BBVA de recurrir ante el Supremo, fuentes del Ministerio de Economía señalaron que el Gobierno ha actuado en todo momento en línea con la normativa nacional, «tal y como avalan los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias».
Esta normativa está vigente desde 2007 y se ha aplicado en numerosas ocasiones desde entonces, comentaron entonces las fuentes de Economía que, sin embargo, no cito ningún caso de estas características.
