España lidera el ranking de laudos internacionales impagados, con 25, uno más que Venezuela y casi el doble que Rusia, aunque en las cantidades debidas la primera posición, con mucha diferencia del resto, la ocupa el país que dirige Vladimir Putin.
Según la quinta edición del Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones de la organización neerlandesa International Law Compliance Institute, dirigida por el jurista y académico Nikos Lavranos, el importe pendiente de estos laudos en el caso de España suma 2.000 millones de dólares (1.750 millones de euros).
Rusia acumula en sus 13 laudos impagados 61.800 millones de dólares (54.000 millones de euros), en tanto que en Venezuela suman 19.300 millones de dólares (16.870 millones de euros).
En cuarta posición se sitúa México, con 9 laudos impagados y 365 millones de dólares (319 millones de euros), seguido de Argentina (6 expedientes y 1.200 millones de dólares o 1.050 millones de euros).
Con deudas superiores a los 300 millones de dólares aparecen Polonia (628 millones), Ecuador (casi 400 millones) y Ucrania (317 millones).
Más laudos internacionales
El informe destaca el crecimiento del arbitraje internacional de inversiones.
Al cierre de 2025 se contabilizaron 1.463 procedimientos de arbitraje para la resolución de disputas entre inversores y Estados, en el marco de los tratados y convenios internacionales aplicables.
De esta cifra, 1.112 han concluido, 311 se están resolviendo y otros 40 casos se encuentran en situación desconocida debido a cláusulas de confidencialidad acordadas por las partes.
De los 1.112 arbitrajes que han concluido, el 38,3 % terminó con una decisión favorable al Estado demandado, mientras que el 28,4 % quedó resuelto a favor de los inversores.
Otro 17,3 % terminó mediante acuerdo, el 13,4 % quedó discontinuado y el 2,6 % concluyó sin una decisión favorable a ninguna de las partes.
En el caso de los arbitrajes administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, las estadísticas de 2025 muestran que el 53 % de las decisiones admitió total o parcialmente las reclamaciones de los inversores, mientras que el 31 % rechazó sus pretensiones.
Un 11 % declinó el caso por estimar que no debía tramitarse en dicha jurisdicción y el 5 % restante concluyó que las reclamaciones carecían manifiestamente de fundamento jurídico y ni siquiera debían ser admitidas.