Fedea pide cobrar el acceso en coche a las ciudades y peajes para mantener las autopistas

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) está instando a un cambio de paradigma en el sistema de transporte en España, coincidiendo con la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible. Desde la fundación, cuestionan el principio fundacional de esta ley, «la movilidad como derecho», considerándolo «discutible y poco operativo» en una economía de mercado.

En su lugar, proponen la inclusión de nuevos mecanismos de evaluación en la ley y la reintroducción de la propuesta de establecer peajes en las autovías y autopistas de gran capacidad, retirada previamente debido a la presión política durante la campaña electoral. Además, abogan por llevar estos peajes a las ciudades como medida para reducir la contaminación y el congestionamiento del tráfico en las zonas urbanas.

Ángel de la Fuente, director de este think tank, ha criticado la política de infraestructuras, argumentando que se ha invertido demasiado dinero, incluyendo duplicaciones innecesarias, mientras se han descuidado otras áreas importantes y se ha ignorado el mantenimiento, tanto de las carreteras como de las redes de agua. Ginés de Rus, investigador de Fedea, coincide en que hay un déficit de mantenimiento y problemas de financiación en la red de infraestructuras, debido a una inversión excesiva y poco selectiva en proyectos.

Fedea propone un nuevo modelo de financiación y tarifas para el uso de las infraestructuras

Fedea propone un nuevo modelo de financiación y tarifas para el uso de las infraestructuras, dejando de lado los principios de pago por uso y quien contamina paga, y buscando en cambio un beneficio operativo. Argumentan que los usuarios de las infraestructuras deberían ser quienes asuman los costos asociados a estas. Asimismo, proponen establecer peajes más altos para los camiones, dada su mayor contribución al desgaste de las carreteras, y la implementación de peajes de congestión en carreteras congestionadas y en el acceso a áreas urbanas, similar al modelo aplicado en Londres.

Además, abogan por reformar el modelo concesional de autopistas, permitiendo la inclusión de concesiones de riesgo variable en su gestión. Esto implicaría ajustar los plazos de las concesiones según se cumplan o no las proyecciones de tráfico previstas. Citando un informe de la Oirescom, el investigador Ginés de Rús critica que «la administración no ha acertado en ninguna predicción», al haber sobreestimado la demanda que finalmente han tenido las autopistas de peaje. Sin embargo, sugiere que se podrían ampliar los plazos de las concesiones hasta que se generen suficientes ingresos para cubrir los costos.

En este sentido, consideran que la nueva Ley de Movilidad Sostenible sería el marco idóneo para implementar estas propuestas. Sin embargo, rechazan el texto actual por no avanzar en la dirección de racionalizar y hacer más eficiente la gestión y tarificación de las infraestructuras. Como ejemplo, critican la eliminación del proyecto de pago por uso en la red viaria de alta capacidad, el cual tenía como objetivo financiar el mantenimiento de las autovías y autopistas. Según ellos, esta renuncia a un enfoque más eficiente deja al sistema con una jerarquía de sostenibilidad basada en otros modos de transporte, sin un mecanismo claro para su implementación.