La Audiencia Nacional ha acordado que Hacienda, el ministerio bajo la responsabilidad de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, debe devolver a la petrolera inglesa BP los 123 millones de euros indebidamente abonados en concepto del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos de 2017, por ser contrarios a la normativa europea.
En una sentencia fechada el pasado 2 de diciembre a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso estima el recurso de la petrolera contra una resolución de mayo de 2023 del Tribunal Económico- Administrativo Central que confirmaba el procedimiento de la Agencia Tributaria.
De este modo, anula dicha resolución y ordena la devolución a la compañía de 122,7 millones de euros indebidamente ingresados en concepto de impuesto autonómico sobre hidrocarburos.
BP alegó que el impuesto autonómico era incompatible con la directiva europea aplicable
Para eludir dicho pago, BP alegó que el impuesto autonómico era incompatible con la directiva europea aplicable, y contrario al principio de «uniformidad impositiva nacional por producto y uso» recogido en los diferentes preceptos de la normativa europea.
Para la petrolera, «la única solución coherente con el ordenamiento europeo es que el Estado español devuelva las cuotas ilegalmente recaudadas a aquel que su normativa procedimental ha señalado como sujeto legitimado y habilitado para obtener la devolución, que no es otro sino quien ha soportado la repercusión legal».
Asimismo, afirmaba que las dudas sobre esta cuestión deberían resolverse en el momento en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en varios recursos de casación.
La Audiencia Nacional considera que, tras analizar las cuentas anuales de los periodos concernidos, «resulta acreditado que en el periodo 2013 a 2017 existe un reconocimiento expreso por parte de la sociedad de que el Impuesto sobre Hidrocarburos soportado quedó trasladado económicamente en su totalidad».
Por todo ello, anula la resolución del TEAC y ordena la devolución a BP de los 123 millones de euros.