El presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, y su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, han recalcado durante su declaración en el juicio por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2015 que esta contó con la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la recta final del juicio, Ibáñez y Acedo han prestado testimonio y han respondido únicamente a las preguntas de sus defensas.
Ambos han reiterado que la ampliación acordada por el consejo de administración se aprobó con el 99 % de los votos de la junta de accionistas, y ni entonces ni después Hacienda o la CNMV pusieron ninguna objeción.
El caso comenzó en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos «sobrevalorados» de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
El Ministerio Público sostiene que la operación, que se realizó mediante aportación no dineraria del 100 % de las participaciones de Aldira no incluía ninguna ampliación de capital dineraria, «pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas», sino que lo que se llevó a cabo fue una aportación de bienes inmuebles «extremadamente sobrevalorados».
Ibáñez y Acedo culpan a la crisis financiera de 2008 el origen de los problemas de liquidez de Urbas
Tanto Ibáñez como Acedo han achacado a la crisis financiera de 2008 el origen de los problemas de liquidez de Urbas, que fue lo que motivó plantear una ampliación de capital que fue imposible abordar mediante aportaciones dinerarias.
Tras la denuncia de la Fiscalía, ha relatado Juan Antonio Ibáñez, la CNMV les pidió una serie de aclaraciones y requerimientos que fueron cumplimentados, además de llevar a cabo nuevas valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital, cuyo valor se había incrementado desde las primeras tasaciones.
Esas nuevas tasaciones, ha explicado Juan Antonio Acedo, realizadas por expertos distintos de las primeras, mostraron que el valor de los activos había subido, una vez superado lo peor de la crisis financiera.
La CNMV pidió esa nueva valoración de los activos y comprobó que eran correctas, con lo que el supervisor bursátil «dio por buena la ampliación», ha insistido el presidente de Urbas, que ha querido dejar claro que, «en ningún momento, se reexpresaron las cuentas ni hubo deterioro de activos», ya que en esa segunda valoración el importe había crecido en unos 50 millones de euros.
La Fiscalía solicita 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas, y 8 años de cárcel para su antecesor en el cargo, por supuestos delitos societarios y contra el mercado.
